La entrada en la 'lista negra' de la Unión Europea (UE) puede que no sea la única consecuencia económica que planea sobre el magnate Mijaíl Fridman por su "proximidad" al Gobierno de Vladimir Putin. Sus rivales en procedimientos judiciales en los que se ha visto involucrado están estudiando posibles medidas cautelares que puedan ayudar a que las investigaciones puedan seguir adelante tras conocerse la inmovilización de sus activos. Es el caso del fundador del Grupo Zed, Javier Pérez Dolset, cuya defensa ultima un escrito para solicitar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imponga de manera urgente al empresario ruso una fianza millonaria con el objetivo de garantizar una eventual responsabilidad pecuniaria por la quiebra de la tecnológica española, según han informado fuentes jurídicas a La Información.
Fridman es uno de los principales investigados en la causa que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción número 6 por la presunta despatrimonialización de Zed Worldwide. El titular de dicho órgano judicial, Manuel García Castellón, le imputó en agosto de 2019 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que lideró una serie de maniobras, a través de sus socios rusos, para provocar la "asfixia económica" del grupo tecnológico e intentar adquirirlo a un precio inferior al de mercado. Un año y cuatro meses después, el magistrado instructor entendió que no había suficientes pruebas para acreditar que el multimillonario participara de forma "directa" o "indirecta" en las actividades comerciales relacionadas con Zed, por lo que acordó el archivo de las actuaciones con respecto a él.
Sin embargo, esta decisión fue revocada en julio de 2021 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó volver a imputarle al entender que su exoneración fue precipitada. Los magistrados afirmaron que en esta fase procesal aún no se pueden descartar los indicios de su actuación, que sitúan en "un segundo plano, pero con evidentes poderes de decisión". Así, obligaron al juez instructor a seguir investigando a Fridman por los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, administración desleal, apropiación indebida, insolvencia punible y corrupción en los negocios, sin perjuicio de otros relacionados con conductas falsarias y fraudulentas
En un momento en el que la causa judicial se encuentra pendiente de recibir información relevante procedente de otros países para aclarar los movimientos de las empresas administradas por sus socios, los abogados de Pérez Dolset -que también se encuentra investigado- buscan la fórmula para garantizar que las sanciones económicas de la Unión Europea no perjudiquen al avance del procedimiento judicial, al menos durante la vigencia de las mismas. Así, preparan un escrito para solicitar al juez instructor la imposición de una fianza millonaria, basándose en la reciente inclusión del magnate ruso y su socio Petr Aven -que no está imputado- en la 'blacklist' de oligarcas cercanos al Kremlin para hacer frente al ataque de Rusia a Ucrania.
Cabe destacar que Fridman -que este martes ha anunciado su salida del consejo de Letterone, el fondo propietario de la cadena de supermercados Dia- es objeto del veto del Consejo de la Unión Europea desde el pasado 28 de febrero al considerarle "uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo a Putin". El organismo europeo le describe como uno de los principales acciones de Alfa Group, del que forma parte el "gran banco ruso" Alfa Bank, que financió un proyecto benéfico liderado por la hija mayor del presidente ruso. No obstante, los abogados de la hermana y padre de Javier Pérez Dolset ya apuntaron en un escrito presentado ante el Juzgado de la Audiencia Nacional el pasado 25 de febrero la necesidad de tomar medidas, ya que el "conmilitón ruso" ya empezaba a estar entre "los sujetos objeto del embargo, por la actual situación geoestratégica".
Más documentación
En concreto, la familia exdueña de Zed reclama la incorporación de la documentación que obra en el sumario de dos piezas del 'caso Villarejo' a la causa sobre la quiebra de la tecnológica. Entienden que estos documentos, como pueden ser las agendas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, son una pieza clave para entender cómo el agente encubierto habría actuado para obtener pruebas de manera "ílicita" que sustentaran la querella que se dirigió contra ellos en 2017. En esta línea, el escrito, que ha podido ser consultado por este diario, subraya que los primeros pasos de la investigación iban dirigidos "contra los rusos de Fridman", pero finalmente se revirtieron contra Javier Pérez Dolset, quien pasó de ser denunciante a querellado por Anticorrupción.
Fridman ya ha anunciado que impugnará las sanciones impuestas por la Unión Europea, que ha tachado de "injustas" y basadas en "falsedades malintencionadas y deliberadas". De hecho, el magnate ruso, que nació en el oeste de Ucrania y reside en Londres, se desmarcó en una reciente carta enviada a sus trabajadores de la actuación de Putin, al afirmar que "la guerra nunca puede ser la respuesta". En este sentido, tras manifestar su "profunda" tristeza", pidió el fin del conflicto bélico y del "derramamiento de sangre".
En cualquier caso, aún está por ver contra quien se plantea finalmente la imposición de una medida cautelar de tal calibre y qué decide el juez instructor. Según han señalado fuentes jurídicas, la mayoría de los socios rusos investigados en el 'caso Zed' y las empresas que presuntamente actuaron para llevar al grupo tecnológico a la insolvencia no tienen, al menos de momento, los fondos congelados por la Unión Europea. No obstante, señalan que sí es significante que Alfa Group, contralada a través de LetterOne, fuera socia de la mercantil Vimpelcom, que participó en la compra del Grupo Zed.
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