La causa de los papeles Bárcenas suma más de una decena de años en la Audiencia Nacional. El magistrado Pablo Ruz cerró el procedimiento en 2015 pero las revelaciones de Francisco Correa en uno de los juicios de la trama Gürtel llevaron al instructor José de la Mata a reabrir el caso sobre la presunta caja 'b'. Ahora, y tras acreditarse la existencia de un operativo parapolicial para sustraer a Luis Bárcenas el material que ponía en jaque al partido, el juez da impulso a las pesquisas apoyándose en los testimonios de donantes y de exlíderes populares que acreditaron la existencia de este sistema al menos entre la década de los noventa y 2008. "Yo le ayudo al partido en general para que él me ayude en general, en general... que me traten bien", llegó a decir sobre esta cuestión Rafael Palencia.
El empresario, dueño de la constructora Degremont, se pronunció de este modo en conversación con Ildefonso de Miguel (gerente del Canal de Isabel II) en 2008. Ambos se reunieron por mediación del extesorero popular y en el ecuentro Palencia admitió abiertamente la existencia de donaciones para el partido a cambio de entregas de dinero con frecuencia "periódica" en torno a los 30.000 y 35.000 euros, cuantías que recogían Álvaro Lapuerta en calidad de tesorero y Bárcenas de gerente. "¿Qué les das un sobre o así?", preguntó el exgerente del Canal a lo que el empresario respondió afirmativamente asegurando que eran aportaciones temporales para que "se abrieran las puertas".
De este modo Palencia -que también admitió colaborar con las campañas electorales del partido- logró que Degremont se adjudicara en 2003 la explotación de la planta EDAR "Monte Boyal" en Casarrubios del Monte (Toledo) que adjudicó el Ministerio de Fomento a través del SEPE. El contrato, cuyo importe ascendió a 3,48 millones de euros, es uno de los documentos requeridos ahora por el magistrado tras las nuevas pesquisas de los investigadores. Las mismas demuestran, según concluye el juez en auto del pasado 16 de abril, que existió una correlación entre estas licitaciones y las donaciones que recibió el partido y que Bárcenas registró en su agenda.
Las conclusiones del juez también le llevan a solicitar al Canal de Isabel II -ente público controlado por el Gobierno madrileño- el contrato de diciembre de 2006 de explotación de servicios de las estaciones depuradoras de aguas residuales en Madrid. De nuevo, la firma de Palencia se hizo con la licitación de este proyecto en diciembre de 2006, coincidiendo con la donación a la caja B del PP de 35.000 euros que Bárcenas registró en sus manuscritos. Igualmente otras de las confesiones que han permitido avanzar en gran medida en este procedimiento fueron las del empresario Alfonso García Pozuelo. En el año 2000, coincidiendo con tres pagos por importe total de 72.000 euros, Constructora Hispánica se adjudicó el contrato de obra pública para dos tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Zaragoza.
Sin embargo, en estos años también han sido determinantes las confesiones de propios militantes del Partido Popular. El auto del magistrado se hace eco de la declaración del exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro, el cual dijo en su declaración en sede judicial en abril de 2018 que Ignacio González, entonces en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, le había pedido "tutelar los organismos de naturaleza inversora de la Comunidad de Madrid para controlar los procesos de adjudicación". Cabe destacar que Moro también está implicado en el caso Lezo, sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, donde confesó igualmente que con la operación de compra de la brasileña Emissao se repartieron comisiones. En concreto, destapó que a Ignacio González le correspondían 1,8 millones por este 'pelotazo' de 25 millones de euros, según le dijo Rodríguez Sobrino.
Las reformas de las sedes
Y es que, además de los papeles de Bárcenas, la Audiencia Nacional sigue adelante con procedimientos penales muy vinculados al que dirige De la Mata. Eso ocurre con el caso Lezo o con la trama Púnica, donde esta misma semana volverán a declarar Isabel Jordán (exempleada de una de las empresas de Francisco Correa) y Arturo González Panero, el Albondiguilla. Este último acreditó en noviembre de 2018 que trece años antes recibió una llamada telefónica de Bárcenas para pedirle que adjudicara el contrato de mantenimiento de calles de Boadilla del Monte, localidad de la que era alcalde, a Constructora Hispánica. El expolítico popular fue requerido por Anticorrupción para que, en el marco del caso Púnica sobre una financiación opaca del PP madrileño, acreditara estos hechos pero con el foco en la capacidad de decisión que tuvo Esperanza Aguirre en los mismos.
Tras doce años de investigación penal, el magistrado De la Mata acredita que todas estas partidas que recibió la formación de manos de empresarios y donantes se dividieron en cinco categorías. La primera de ellas la integraban salidas para donativos anónimos del PP; la segunda al pago de retribuciones, sobresueldos o aportaciones a fundaciones; la tercera a partidas destinadas para las campañas electorales; la cuarta para gastos internos del partido como la compra de las sedes en Vizcaya y La Rioja y, finalmente, para la reforma de la sede del PP en la calle Génova. De hecho, este último asunto en se investigó en una pieza separada cuyo juicio se señaló para el próximo mes de febrero. En el banquillo se sentarán Luis Bárcenas, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios de la firma Unifica Servicios Inmobiliarios y el PP como responsable civil subsidiario.
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