La Guardia Civil ha vuelto a presentar ante la Audiencia Nacional más pruebas que vendrían a demostrar que el PP madrileño de Esperanza Aguirre costeó con dinero negro no solo las campañas de las elecciones de 2007 sino también las de 2011 a tenor de un nuevo informe incorporado a la causa Púnica. En el mismo aparecen nombres de empresas hasta ahora poco conocidas como Área de Recursos S.L, Demotretica o Hermanos Barral González S.L que habrían costeado actos de los líderes populares cobrando, a cambio, a través de Fundescam, fundación de la Comunidad de Madrid que canalizaba los pagos en 'b' del partido.
Precisamente, la clara contradicción en el testimonio de dos empresarios que cobraron de Fundescam apuntaló la tesis de los investigadores acerca de cómo se emplearon empresas 'pantalla' para no llegar a cargar directamente las facturas a donantes que colaboraron directamente con la campaña de 2011. De este modo, mientras Alfonso Corral, administrador único de Demotretica (sociedad dedicada a la realización de sondeos electorales) expuso ante la Guardia Civil que efectivamente había prestado estos servicios al PP regional, la administradora de otra sociedad reconoce que emitió facturas falsas a la fundación en cuestión por encargo de este último para que no hubiera ni rastro de Demotretica en la información tributaria de la fundación.
Las que sí emitió contenían importes falsos, siempre según los investigadores, y además, no solo se facturaron a la fundación que creó el Gobierno de Aguirre en el año 2000 sino también al propio partido y que la persona que daba las instrucciones sobre cómo se tenía que proceder al respecto era Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP madrileño y uno de los nombres que más se vuelven a repetir en este informe al que ha tenido acceso La Información. De hecho, el mismo se hace eco de cómo, las instrucciones en cuestión, se daban mediante siglas.
Las siglas de la Púnica: F de Fundescam, C de la caja b...
Así, las informaciones contables siempre iban acompañadas de una sigla concreta mediante la cual identificaban a qué cuentas se consignaban dichos importes. Por ejemplo, con la letra 'p' se hacía referencia a los cargos que salían de la contabilidad oficial del partido, mientras que con la letra 'f' aludían a los fondos de Fundescam. De la misma manera, la letra 'c' era la relativa a la caja con la financiación 'paralela' de la formación y las letras 'a' y 'm' hacían mención a los importes que se consignaban desde la cuenta de la campaña electoral de 2011 en la que Aguirre revalidó su victoria en el fuero madrileño.
De nuevo, Fundescam juega un papel clave en este entramado puesto que emitía facturas falsas para que los conceptos que cobraban los empresarios fuesen compatibles con los gastos justificados al amparo de la subvención pública que recibía la fundación. Pero lo cierto es que se trataba de pagos encubiertos relacionados con los gastos ordinarios del PP madrileño tales como una cena de Navidad, un Congreso del partido y un acto de nuevas generaciones. Mismo 'modus operandi' siguió la empresa Área de Recursos, la cual consta en información requerida a la Agencia Tributaria como otra mercantil a la que se dio apariencia de haber prestado servicios a Fundescam aunque en realidad se le cargaron facturas falsas para sufragar gastos que previamente había destinado a la campaña electoral del PP por importe de 25.427 euros.
Subvenciones firmadas por Ignacio González
El informe del Instituto Armado, que lleva por fecha 11 de enero, recoge además un documento oficial firmado por Ignacio González en calidad de vicepresidente del Gobierno regional, dando luz verde a la convocatoria para concesión de subvenciones desde Fundescam las cuáles servirían, a juicio de los investigadores, para pagar a presuntos donantes e incluso actividades del partido y no de la Comunidad. De hecho, de esta forma se costearon los sondeos de intención de voto encargados meses antes de las elecciones de 2011 así como de valoración de líderes locales del PP en determinados municipios madrileños como Alcalá de Henares, Coslada, San Martín de la Vega o Boadilla del Monte.
De todo ello se concluye que la cantidad que presupuestaron para esos comicios de mayo fue de 3,8 millones de euros, casualmente bastante inferior a la que declararon ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y que era de 2,98 millones de euros (justificados en su mayoría como publicidad exterior y en medios). Cabe recordar que el pasado mes de diciembre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 rechazó la petición de la acusación que ejerce Izquierda Unida de citar como investigada a Esperanza Aguirre y al PP como persona jurídica. Ahora bien, a diferencia de negativas anteriores, en esta ocasión el instructor fue menos drástico en su respuesta y declinó la diligencia a la espera de concluir las pesquisas de esta pieza separada sobre la presunta financiación en 'b' del PP madrileño, tal y como adelantó este diario.
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