Philippe Haim Solomon es uno de los nombres que durante meses ha estado en el listado de 'se busca'. El motivo: ser el responsable de una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid con la venta de mascarillas en la primera ola de la pandemia de la covid-19. Con este 'negocio' pretendía ganar 2,5 millones de euros, pero solo recibió la mitad porque el consistorio constató que el material comprado no era de la calidad requerida. El vendedor desapareció y la justicia comenzó a buscarle. La Policía recientemente afirmó que vive en Reino Unido. Una revelación que permitió al Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid reabrir la investigación que ya había metido en un cajón. No obstante, pocos avances ha habido desde entonces.
"Tiene su residencia en Inglaterra". Esa fue la comunicación que el pasado mes de abril remitió la Policía al juez instructor Jorge Bartolomé, quien acordó dos meses después retomar la investigación. En este sentido, pidió a la Policía Judicial que informe del "paradero" y "completa identidad" del empresario investigado. Sin embargo, según han informado fuentes jurídicas cercanas a este procedimiento, el magistrado no ha movido ninguna ficha más para poder interrogarle. Destacan que no ha ordenado la práctica de ninguna otra diligencia relevante, como puede ser librar una comisión rogatoria para que las autoridades británicas pongan sobre el mapa a Haim Solomon y le comuniquen oficialmente que se encuentra investigado en España por un presunto fraude.
El magistrado no tiene ningún plazo para realizar estas diligencias. Fuentes jurídicas apuntan que el juez mantiene 'congelada' la futura citación hasta que se confirme que los datos trasladados por los agentes policiales realmente corresponden a Philippe Haim Solomon. En otros países le conocen como Philippe Hababou Solomon, nombre con el que firmó una carta que envió al consistorio madrileño en abril de 2020. En opinión de otras fuentes, la demora en ponerse en contacto con la justicia británica podría perjudicar el desarrollo de las pesquisas. En esta línea, señalan que el investigado podría tener conocimiento a través de los medios de comunicación de que se le sitúa en el centro de una posible estafa, lo que posibilitaría un cambio de residencia y "esconderse".
La acusación popular que ejerce el partido Más Madrid también se ha mostrado partidaria de acelerar los trámites y ha reiterado ante el juez su petición de citar a declarar a Araceli Vida, administradora de la empresa Aifos Servicios Legales y Consultoría, al entender que podría ayudar a encontrar a Haim Solomon. Y es que esta compañía actuó como intermediaria en el contrato que el empresario franco-israelí firmó con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios en marzo de 2020.
Las mascarillas no eran de calidad
Haim Solomon se presentó como dueño de Sinclair and Wilde, con sede en Nueva York, y vendió un lote de 500.000 mascarillas FFP2 al ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida. Una vez llegó el material a la capital de España, "tras varias incidencias" y "algunas semanas más tarde" de lo previsto, saltaron las alarmas acerca de que no cumplían con las exigencias requeridas. Finalmente, en abril de 2020, los servicios jurídicos del consistorio detectaron irregularidades, debido a que faltaban las certificaciones de calidad. Tras reclamar dicha documentación varias veces sin éxito, se decidió no hacer el pago de 1,25 millones de euros que faltaba por abonar.
La Policía Municipal comenzó a investigar. La conclusión del análisis de la documentación que sí remitió la empresa estadounidense fue que no se correspondía con las certificaciones establecidas por la Unión Europea y por España, ya que incluyó "documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos". Con estos hechos, el ayuntamiento se encontraba ante una posible segunda estafa por la compraventa de material sanitario. En marzo de 2020, el gobierno municipal firmó otros tres contratos por el importe total de 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) con una empresa de Malasia, cuyos intermediarios fueron el aristócrata Luis Medina y su socio Alberto Luceño, quienes cobraron unos seis millones de dólares en comisiones. Unos contratos que, primero estuvieron bajo la lupa de Anticorrupción, y ahora están siendo examinados por la justicia.
Ni sede, ni dueño
De este modo, para aclarar la actuación del administrador de la consultora proveedora de mascarillas, la unidad de investigación municipal solicitó ayuda al otro lado del charco y se puso en contacto con la Policía Metropolitana de Nueva York. Los agentes neoyorquinos se desplazaron en noviembre de 2020 hasta la dirección de la supuesta sede de Sinclair and Wilde, pero no encontraron lo esperado: ni oficina, ni a Philippe Haim Solomon. Allí se encontraba otra persona que no respondía a la identidad del investigado. Ante la sorpresa de los policías, este testigo explicó que, "como un favor a un cliente", permitió a la mencionada empresa utilizar su dirección. Asimismo, expresó su hartazgo porque desde entonces no había parado de recibir correspondencia a nombre de Haim Solomon procedente de distintas jurisdicciones.
Con todos estos datos, la Policía presentó, en marzo de 2021, un atestado en los juzgados de Madrid, motivando que el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid, Jorge Bartolomé, abriera una causa para investigar si había existido una estafa. Pero el procedimiento solo duró unos meses. El empresario estaba en paradero desconocido, por lo que en julio de ese mismo año se acordó su archivo provisional por falta de autor conocido del delito. Casi un año después, un giro inesperado ha provocado que las pesquisas vuelvan a ponerse en curso tras recibir noticias de que el investigado podría vivir en Inglaterra.
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