El que fuera líder de Izquierda Unida, Antonio Moral Santín, y Francisco Baquero Noriega van a pedir el tercer grado del régimen penitenciario en el que se encuentran ambos tras su condena por un uso indebido de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. Por ese motivo y teniendo en cuenta que siguen inmersos en el juicio por la salida a bolsa de la entidad, se han dirigido a la Audiencia Nacional de cara a que acredite que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la mayoría de las acusaciones particulares actúan contra ellos, en aras a que se facilite la concesión de este régimen de semilibertad.
Así consta en sendos escritos enviados por los exconsejeros de la entidad a la Sala de lo Penal ahora que la vista oral por el presunto maquillaje de las cuentas del banco en los años 2010 y 2011 se acerca a su fin. En lo que respecta a Moral Santín, el cual también fue vicepresidente de la entidad, su defensa requiere que se expida certificación que plasme que ni el Ministerio Público ni las acusaciones particulares se dirigen contra él, a excepción de dos concretas perjudicadas por la salida a bolsa. Hecho similar ocurre con Baquero Noriega, quien fue miembro del Consejo de Administración por Comisiones Obreras.
Los dos exconsejeros, defendidos por el mismo letrado, solicitan este certificado al mismo tribunal que les juzgó y condenó por apropiación indebida en la pieza separada de las tarjetas de la entidad. Moral Santín afrontó la pena de 4 años de cárcel (una de las más altas) mientras que Baquero Noriega fue condenado a tres años y dos meses. Ambos ingresaron a finales de octubre del pasado año en el centro penitenciario de Soto del Real tras adquirir firmeza la sentencia del tribunal de la Sección Cuarta, que condenó a un total de 65 personas acusadas por hacer un uso personal de la tarjeta de empresa.
Pendientes de Instituciones Penitenciarias
Con todo, no son los únicos consejeros condenados que han pedido la aplicación del tercer grado. De hecho, Gonzalo Martín Pascual y Miguel Ángel Abejón (ambos de UGT), José María de la Riva (PSOE), Ángel Gómez del Pulgar (PSOE) y Rubén Cruz (IU), también solicitaron a Instituciones Penitenciarias la aplicación de esta medida tras haber cumplido la cuarta parte de la condena que interpuso el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo. Un requerimiento que les fue concedido, según informa Europa Press, que explica que se les asignó un Centro de Inserción Social para cumplir la última parte de las penas.
La diferencia aquí radica en que tanto Moral Santín como Baquero Noriega figuran como acusados en el procedimiento general sobre la salida a bolsa de Bankia, motivo por el cual se requiere la certificación de la Sala de lo Penal previo paso a formalizar la petición a Instituciones Penitenciarias. Ambos se apoyan en que la fiscal Anticorrupción al frente de la causa, Carmen Launa, no les acusa ni por estafa ni por delito de falsedad contable que sí atribuye a una quincena de acusados, todos ellos miembros de la excúpula de la entidad y del comité de auditoría de la misma y de la matriz BFA.
En su interrogatorio el pasado mes de marzo, Moral Santín denunció con especial énfasis que los encuentros celebrados en el Ministerio de Economía en mayo de 2012 entre el entonces responsable de este departamento, Luis de Guindos, y los banqueros Emilio Botín (Santander), Isidro Fainé (La Caixa) y Francisco González (BBVA) y en los que se habló de la situación crítica de Bankia, se hicieron con gran opacidad. Igualmente, denunció que, tras enterarse de la existencia de estas reuniones celebradas poco antes de la caída de Rodrigo Rato, solicitó información sobre las mismas en el seno del Ministerio, encontrándose con que no figuraban en ningún acta.
Con todo, el juicio encara la recta final después de que la pasada semana el Ministerio Fiscal y las acusaciones anunciaran las conclusiones de esta vista que arrancó en noviembre de 2012 y que ha estado marcada por el endurecimiento de la acusación de Anticorrupción. Las sesiones se reanudan este martes con el turno de las defensas; de manera que al término de todas las intervenciones, la vista oral se suspendería durante el periodo estival reanudándose ya en septiembre con la exposición de los informes.
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