Socios del despacho de abogados que contrató a José Manuel Villarejo para, supuestamente, averiguar si otro bufete les estaba espiando, han admitido en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por los negocios privados del ahora comisario jubilado que les entregó datos de acceso restringido sobre los trabajadores de la competencia por los que sugirió pagos a funcionarios.
Así lo han manifestado en la quinta sesión del juicio por 'Iron', 'Land' y 'Pintor', tres piezas separadas de 'Tándem' donde se investigan los trabajos de espionaje que Villarejo habría realizado valiéndose de los recursos policiales que tenía a su alcance y por los que se enfrenta a 109 años de cárcel. Los primeros acusados en tomar la palabra han sido los de 'Iron', donde se juzga si Herrero&Asociados contrató a CENYT en 2013 para que espiara a un bufete de la competencia, Balder, con el objetivo de obtener información para nutrir una demanda que acabó siendo denuncia y naufragando.
Álvaro Martínez, un socio y director de Herrero&Asociados, ha explicado que se contrató a CENYT -el grupo empresarial de Villarejo- porque el bufete había experimentado una fuerte salida de trabajadores que habían creado su propio despacho, Balder. "Se habían llevado clientes y sospechábamos que nos estaban espiando", ha resumido. Sus sospechas, ha desarrollado, se debían a que uno de los trabajadores que se había cambiado a Balder era el informático, a que las medidas de seguridad que tenían entonces eran casi "nulas y a que tenían la sensación de que los otros "iban siempre un paso por delante".
María Ángeles Moreno, otra directora y socia de Herrero&Asociados, ha añadido que lo que hizo "saltar las armas" es que el informático "dijo que se iba a montar una churrería a su pueblo" y luego supieron que se había sumado a Balder. Los dos acusados, así como Mario Carpintero López, otro socio, han descrito que en esa época el ambiente era de preocupación generalizada en el bufete, que se estaba planteando emprender acciones legales contra Balder.
Es en ese contexto, de acuerdo con Moreno, cuando ella traslada a Francisco Carpintero, el presidente de Herrero&Asociados, que le habían hablado "muy bien" de CENYT porque era una empresa "multidisciplinar". La acusada ha precisado que conoció CENYT a través de su hermana, que trabajó como investigadora privada en los 90.
Tráfico de llamadas y datos bancarios y personales
Mario Carpintero, que ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ha sido el más claro a la hora de concretar qué información les suministraron Villarejo y su gente. Así, ha reconocido que el comisario les proporcionó datos sobre Balder y sus fundadores, incluidos bancarios, fiscales y de procedimientos judiciales, y que les ofrecieron tráficos de llamadas.
Interrogado por el fiscal sobre si sabía cómo obtenía CENYT esa información, Mario Carpintero ha contestado que se hablaba de ello en las reuniones entre el despacho y la empresa y que se podía "intuir" que para conseguir esos datos mediaban pagos a funcionarios, aunque ha matizado: "No sé si se materializó". Martínez, que también ha pactado con Fiscalía, ha admitido igualmente que Villarejo les dio datos reservados de miembros de Balder, concretamente bancarios, fiscales "y particulares que no tenían mucha utilidad".
No obstante, ha sido menos claro en lo tocante al tráfico de llamadas, ya que ha respondido que cree que sí se lo ofrecieron pero sin asegurarlo; y a si eran conscientes de cómo lograba CENYT la información, a lo que ha contestado que "sí, pero no muy precisamente", aunque sí se hacía referencia a pagos a funcionarios. Moreno, que ha aseverado que se contrataron "investigaciones lícitas", ha negado que ella conociera tal oferta de tráfico de llamadas. Según la socia, propusieron hacer el trabajo que ya estaba haciendo Herrero&Asociados de analizar las llamadas que salían de ahí hacia Balder para detectar posibles filtraciones.
A este respecto ha querido aclarar que, en un momento dado, ella le preguntó a Villarejo si estaban leyendo los correos electrónicos o escuchando los teléfonos de Herrero&Asociados, y que éste le aseguró que no. "Puedes estar tranquila, porque eso es un delito y no lo están haciendo", le garantizó. La ex directora de marcas internacionales ha contado que solo supo, por boca de Villarejo, que le había dado a Francisco Carpintero un documento fiscal -el modelo 347-, si bien ha matizado que no lo vio, por lo que no sabe si efectivamente fue así. "Nunca presencié la entrega de nada ilegal", ha afirmado tajante.
Un sato de 15.000 a 300.000 euros
Moreno, que ha sido la única de los tres acusados que han declarado hoy que ha atendido las preguntas de todas las partes, ha llamado la atención sobre el hecho de que gran parte de la información que les facilitaba Villarejo ya era conocida por Herrero&Asociados. Como ejemplo ha puesto el modelo 347, que sirve para poner en relación a empresas y clientes. El despacho no lo necesitaba, ha detallado, porque debido a la legislación sobre patentes y marcas, a lo que se dedicaban, Balder estaba obligado a notificarles que asumía un cliente suyo. "Sabíamos los clientes que se iban, los de 500.000 euros y los de 5", ha ilustrado.
"Creo que nos tomaron el pelo, (...) que se inventaban historias", ha declarado sin tapujos. Moreno ha sostenido que fueron víctimas de "una auténtica estafa" porque "no se hizo absolutamente nada". "Me siendo estafada", ha confesado. La estafa habría sido de 300.000 euros. La antigua socia ha recordado que, en las reuniones con CENYT a las que asistió, Villarejo manifestó que, por esos servicios solía cobrar 20.000 euros pero que a ellos se lo dejaba en "precio estudiante", 16.000, pese a lo cual Andrés Medina, el director general del bufete, le "regateó" para que fueran 15.000. Ella no sabe en qué quedó, aunque le pareció "un poquito caro" porque pesquisas similares les habían costado unos mil euros.
En este punto, su narración ha diferido de la de los otros dos acusados, que han cifrado en 250.000 euros más IVA, unos 300.000 euros, el precio acordado y pagado a CENYT. Martínez ha apostillado además que no era una cantidad "descabellada" porque otros dos bufetes "solo por dar su opinión" sobre el pulso con Balder les habían facturado 65.000 euros. En lo que han coincidido los tres es en descargar la responsabilidad de la contratación, así como de la gestión de las facturas y los pagos, en Francisco Carpintero, que no ha podido comparecer este lunes porque se está recuperando de una cirugía.
"Los gobiernos me piden favores"
El trío también ha sido enfático al aclarar que Villarejo no les dijo que fuera policía en activo, al tiempo que han denunciado que en las transcripciones de las grabaciones de las reuniones que mantuvieron eso está manipulado. "A si condición de policía siempre se refería en términos pasados (...), hablaba siempre de su antiguo gremio", ha rememorado Moreno. No obstante, ha puesto de relieve que Villarejo también "hablaba de que en el cuerpo tenía amigos porque había sido comisario durante años". Y, ha añadido, en alguna ocasión le dijo a Francisco Carpintero: "Bueno, los gobiernos me piden favores".
Villarejo, que además de acusado es abogado de su propia defensa, no ha intervenido en esta sesión, ni en las anteriores, porque la juez Ángela Murillo se ha opuesto en todo momento a que él y su letrado, Antonio José García Cabrera, actuarán "al alimón". Sin embargo, ha protagonizado una nueva tentativa al tratar de interrogar a Moreno, algo que la juez ha vuelto a impedir, aunque esta vez con la oposición del fiscal Miguel Serrano. "No hay por qué restringir que sea él el que asuma el interrogatorio", ha negociado -sin éxito-, en aras de "la pureza del procedimiento".
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