Dos testigos declaran ante el juez en Roma contra el ex almirante Massera

  • Roma.- Dos nuevos testigos declararon hoy en el juicio en ausencia contra el ex almirante argentino Emilio Massera, de 84 años, que se celebra en los tribunales de Roma por su supuesta responsabilidad en la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura militar (1976-1983).

Dos testigos declaran ante el juez en Roma contra el ex almirante Massera
Dos testigos declaran ante el juez en Roma contra el ex almirante Massera

Roma.- Dos nuevos testigos declararon hoy en el juicio en ausencia contra el ex almirante argentino Emilio Massera, de 84 años, que se celebra en los tribunales de Roma por su supuesta responsabilidad en la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura militar (1976-1983).

Se trata del italiano Carlos Pisoni, integrante de la asociación "Hijos de Desaparecidos", quien testificó ante el juez que sus padres, de origen italiano, desaparecieron el 5 de agosto de 1977 tras permanecer secuestrados en un campo de concentración situado en el Club Atlético en Buenos Aires.

"Conté la historia de mi vida. Mis padres fueron trasladados, una palabra que significa la desaparición y muerte. Todavía no sé dónde se encuentran sus cuerpos", dijo Pisoni a Efe.

Pisoni, que tiene la nacionalidad italiana y que fue criado por su abuela, refirió que por el caso de sus padres hay 16 imputados en Argentina, entre los que se encuentran los implicados en su desaparición y los responsables del campo de concentración.

Asimismo declaró ante el juez la periodista Miriam Lebbuin, que estuvo dos años presa en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), centro de detención y tortura de la dictadura.

Lebbuin demostró ante el juez sus investigaciones sobre los aviones llamados "de la muerte" desde los que se arrojaban los cuerpos de los presos de la ESMA al mar.

La testigo contó cómo localizó los aviones desde dónde lanzaban a los "desaparecidos" narcotizados, refirieron a Efe fuentes judiciales.

Según explicó en la audiencia, los aviones habían sido vendidos a compañías privadas con el historial de todos los vuelos realizados y en él se comprobó que esos aviones pertenecieron a la ESMA, entre otras cosas, porque el número de kilómetros recorridos era mucho menor que el tiempo correspondiente de vuelo.

Ayer declararon la periodista argentina Victoria Ginzberg, redactora del diario progresista "Página Doce", cuyos padres desaparecieron durante la dictadura argentina, y Ramón Torres Molina, actualmente presidente del Archivo Nacional de la Memoria, que alberga todos los documentos oficiales de la represión.

Massera integró junto a Jorge Rafael Videla y Héctor Agosti la primera Junta Militar que gobernó Argentina y dirigió el Grupo de Tareas en la ESMA de Buenos Aires, principal centro de detención y tortura, donde fueron conducidos y posteriormente desaparecieron los tres italianos.

Gullo desapareció el 5 de agosto de 1976 tras ser detenida por apoyar a los opositores al régimen, entre los que se encontraba su hijo Juan Carlos Dante Gullo, actual diputado en Argentina.

Tras su arresto el 18 de junio de 1977 en la ESMA, tampoco se volvió a tener noticias de Pegoraro y de su hija Susana, militante peronista, quien dio a luz a una niña durante su detención que fue entregada a una familia.

Por este mismo caso, fueron condenados anteriormente en rebeldía en primera instancia (14 de marzo de 2007) y en apelación (24 de abril de 2008) los ex oficiales argentinos Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Ignacio Astiz, Jorge Raúl Vildoza y Antonio Vañek.

Además, el Tribunal Supremo italiano confirmó el pasado 26 de febrero de 2009 la condena a cadena perpetua a Astiz, ex oficial de la Marina argentina y el único que había presentado recurso por esa pena dictada por la desaparición y muerte de los tres italianos.

Por otro lado, los familiares de las víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983) pidieron hoy al Ministerio de Exteriores de Italia que las denuncias de desaparecidos presentadas en los consulados italianos sean entregadas al Gobierno argentino.

La petición fue formulada al ministro de Exteriores, Franco Frattini, por una veintena de familiares de víctimas y un grupo de siete asociaciones italianas y argentinas que consideran que esta documentación puede ser utilizada en el marco de las investigaciones y que, por tanto, debe ser custodiada por el Gobierno argentino.

Según este grupo de familiares, entre 1976 y 1983 "muchas personas (italianos, argentinos, ciudadanos de otros países europeos y sudamericanos) se dirigieron a los consulados italianos, presentes en muchas ciudades argentinas, para denunciar las vejaciones que sufrían ellos y sus familiares".

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