Dublín advierte de que habrá consecuencias por los casos de niños gitanos

Javier Aja

Dublín, 24 oct.- La decisión de retirar la custodia de dos niños a sendas familias gitanas en Irlanda que se ha probado sin fundamento será investigada oficialmente y podría acarrear "consecuencias", advirtió hoy el Gobierno de Dublín.

Así lo aseguró el primer ministro irlandés, Enda Kenny, "contento" porque los pequeños están ya con sus familias, pero, al tiempo, consciente de la imagen de supuesta discriminación racial que ha ofrecido el país.

El líder del Ejecutivo de coalición entre conservadores y laboristas insistió hoy en que la actuación de la Policía (la Garda) y el Servicio de Salud (HSE) será investigada, pero que no debe interpretarse como un ataque contra "un grupo o minoría étnica".

"Es una cuestión de protección del menor y siempre hay que alcanzar un equilibrio si existen miedos reales respecto a la salud, bienestar y seguridad de cualquier niño", dijo Kenny, quien reconoció que aún hay que aclarar muchas cuestiones y que, "obviamente, habrá consecuencias".

Esos interrogantes los intentará despejar la Oficina del Defensor del Menor, que durante las próximas dos semanas investigará estos sucesos analizando sendos informes del Comisionado de la Garda y del HSE, los organismos en el centro de la polémica.

Agentes de la Garda se llevaron el lunes a una niña de 7 años, rubia y de ojos azules, de un domicilio de Dublín tras sospechar de las pruebas presentadas por su familia de raza gitana, y el martes hicieron lo mismo con un menor de 2 años en Athlone (centro del país), con las mismas características físicas.

El pequeño pasó una noche bajo la tutela del HSE y fue devuelto a sus padres al día siguiente tras comprobarse su identidad, mientras que la niña estuvo casi tres días en un centro estatal, hasta que las pruebas de ADN confirmaron ayer que es la hija biológica de la pareja.

En ambos casos, la Garda actuó tras ser alertada por vecinos, lo que ha llevado a organizaciones de inmigrantes a denunciar un supuesto exceso de celo de las autoridades, quizá "indebidamente influenciadas" por las dudas que aún pesan sobre la identidad de la niña rubia hallada la pasada semana en un campamento gitano de Grecia, argumentó hoy el ministro de Justicia, Alan Shatter.

"Me gustaría saber cuál era la amenaza seria e inmediata para la salud o seguridad que justificó que les apartasen de sus familias. Me gustaría saber cómo se tomó la decisión, quién la tomó", agregó hoy el viceprimer ministro irlandés, Eamon Gilmore.

El líder laborista reiteró, no obstante, que "cualquier niño y su familia en este país" tienen los "mismos derechos" que los irlandeses, "independientemente de su origen étnico o religioso".

No comparte esta opinión Amnistía Internacional (AI), que instó hoy al Gobierno irlandés a que aplique una política de tolerancia cero contra lo que calificó de "discriminación institucional".

"Si se demuestra que en estos casos las acciones de las autoridades fueron discriminatorias, se deberán tomar medidas para que no se repitan. Debe ofrecerse una disculpa pública a las familias de la etnia roma por esto", señaló su director en Irlanda, Colm O'Gorman.

"La atención de la comunidad internacional está puesta sobre Irlanda", advirtió el activista en referencia a un fiasco que no solo ha generado debate en este país.

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denunció también hoy el tratamiento "irresponsable" dado por la prensa a los casos ocurridos en Grecia e Irlanda.

Se quejó de que "la insistencia con la que los medios de comunicación mencionan el origen étnico en las noticias mantiene el mito de que los gitanos serían delincuentes por naturaleza".

"Esa forma irresponsable de presentar los hechos puede tener repercusiones considerables para la vida de millones de gitanos y alimentar movimientos violentos hostiles", señaló Muiznieks en una carta abierta a los periodistas.

De momento, la familia del niño de 2 años de Athlone ha pedido a la Garda que explique los motivos que llevaron a retirar la custodia del pequeño, mientras la pareja de Dublín se está asesorando legalmente para determinar qué pasos seguir.

Esta familia del barrio dublinés de Tallaght, uno de los más pobres de la capital, ha abogado asimismo por la apertura de una investigación pública sobre ambos casos, independiente de la del Defensor del Menor.