La crisis del Covid-19 y la más que dudosa coordinación entre Gobierno y comunidades autónomas a la hora de compartir información y coordinar la aplicación de las medidas que se establecen desde el “mando único” de Moncloa ha puesto en evidencia las grietas que existen en nuestro estado autonómico, al que la pandemia le ha pillado con el pie cambiado en plena transformación del modelo territorial y de financiación. Este mismo sábado, resultaba grotesco ver como Fernando Simón daba las gracias a la Comunidad de Madrid por adaptar (por fin) los datos sanitarios que ofrece cada día a las especificaciones marcadas desde su comité de emergencia sanitaria, mientras la presidenta de esa comunidad había achacado el día anterior en el Parlamento autonómico al Gobierno de Sánchez toda la culpabilidad de los muertos de Madrid, incluidos los de las residencias.
Al igual que ocurrió con la gran crisis de 2008, todos los economistas y analistas sociales advierten que la única forma de salir de la debacle económica que ayer constató la vicepresidenta Nadia Calviño -con una caída del 9,2% del PIB- es con más Estado, porque las comunidades autónomas, siempre ávidas de más competencia y más recursos, no llegan a paliar los males de una crisis tan generalizada. El problema que se plantea es que no estamos solo ante una cuestión económica, en el que el análisis de la coordinación autonómica se puede medir según la eficiencia de los servicios que presta a los ciudadanos; ahora estamos ante un problema humano y sanitario que nadie esperaba y que ha sacado los “demonios familiares” y la lucha de poder que se genera con la micropolítica de los líderes autonómicos.
Esa pelea se genera junto a una oposición que no puede dejar pasar la ocasión para desgastar al Gobierno, y un Ejecutivo que tampoco desaprovecha el momento para apuntarse los triunfos que pueda, más en la desescalada que en el inicio de la crisis, tal y como explica el catedrático emérito de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral. Tanto es así, que la clave de la próxima desescalada está ahora en saber si la oposición del PP va a permitir o no la continuidad del decreto del estado de alarma, cuyo aval para recortar derechos fundamentales ha sido puesta en duda, pero que es el aval sobre el que se basan todas las medidas pasadas, presentes y futuras para gestionar la pandemia, sobre todo en la antesala de la salida.
En plena deriva independentista en Cataluña y con los nacionalistas vascos reclamando en todo momento la gestión propia de sus emergencias, el resto de las autonomías se ha encontrado con un Ministerio de Sanidad debilitado, sin apenas competencias y que tenía “dejada de la mano de Dios” la Ley de Cohesión Informativa del año 2003, en la que se establece con mucha claridad (capítulo V) la obligación de todas las comunidades de coordinar y compartir su información sanitaria. “Los grandes contrapoderes que tiene el Estado central para coordinar y controlar la descentralización autonómica -recuerda un exmagistrado experto en Derecho Administrativo- son la información compartida, la estadística y la Alta Inspección, es decir, la capacidad para evaluar resultados… pero eso no lo ha respetado nadie en ningún servicio o área de gobierno”.
A su entender, el problema está en que “el Estado autonómico se ha entendido como una disposición final de una ley, no como un sistema para operar en red”, algo que ha dejado en evidencia la gestión de la pandemia y el desorden de medidas, datos, declaraciones, inquinas y hasta intentos de potenciar el separatismo en plena tragedia. Además, los consejos interterritoriales que se crearon para coordinar las diferentes áreas del Gobierno, se han convertido más en órganos de lucha política y partidista que en lugares donde se ponen en común estrategias, datos o información técnica para diseñar políticas.
Frente a ello, no sabemos a ciencia cierta ni el número real de muertos que se ha cobrado el virus, ni los baremos para evaluar la situación de algunas comunidades todavía con miles de contagios y decenas de muertos cada día, a poco más de una semana de salir todo el mundo a la calle. Todo ello con una desescalada "asimétrica" que ha lanzado las expectativas de comunidades como Cataluña, Andalucía, Murcia u la propia Madrid, que quieren poner su impronta en ese proceso.
En esa misma línea, el catedrático de Derecho Financiero y experto constitucionalista Alfonso García Monçó recuerda que el impacto social y económico de la crisis humanitaria que ha provocado el coronavirus, sobre un desarrollo desordenado y a varias velocidades del sistema de autonomías que ahora se resquebraja, deja en evidencia que nadie cumple siquiera lo marcado en el artículo 156 de la Constitución, o que lo hace a su conveniencia. En esa norma, antes de permitir a las comunidades autónomas que recauden, gestionen y liquiden los tributos que les cede el Estado a su conveniencia (punto 2), la Carta Magna establece que esa autonomía financiera se hará “con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Basta recordar la guerra de compras de material sanitario en el exterior entre Gobierno central y CCAA, al inicio de la crisis, o las salidas de tono de los políticos autonómicos para hacer su propia desescalada, ahora, para darse cuenta de que la base sobre constitucional la que se basan esas capacidades ha saltado por los aires.
“El error está en no considerar a la salud como un derecho fundamental y coordinarlo a nivel estatal -explica el profesor de Alcalá de Henares- y evitar, como ocurre ahora, que no se puedan compartir ni los bancos de sangre ni algunas operaciones entre autonomías”. El problema es que “cualquier coordinación es primero vertical, y luego horizontal, y muchas comunidades, como se ha demostrado con el Covid-19, no están dispuestas a admitir eso”. "En el tema de los transplantes, que se coordina a nivel estatal, somos los mejores del mundo", recuerda.
Plan de Reforma con medidas estructurales
Ese caos administrativo a la hora de gestionar la pandemia entre centro y periferia ha sacada a la luz los fantasmas de una nueva recentralización del sistema sanitario, ante la obligación de no acabar con esta crisis sin tener conformado un modelo más consistente, con medios suficientes, que garantice la coordinación -a la que le obliga la ley- y que evite una tragedia similar ante un probable rebrote del virus en otoño o el año que viene. Esa es una de las principales condiciones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para avanzar en la desescalada, pero sin poder evitar que esa misma salida del confinamiento social se convierta en otra carrera política entre el Estado y los ejecutivos autonómicos.
La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordaba este sábado que “las necesidades de todas las CCAA son las necesidades de este Gobierno; nosotros ahora solo nos fijamos en el servicio que hay que cubrir a los ciudadanos, no en la administración que lo pide”, para intentar reforzar el mensaje sobre el control de la retahíla de medidas anticovid en la que se ha convertido el Programa Nacional de Reformas que se acaba de enviar a Bruselas. Es más, en ese mismo documento se recuerda que, más allá de la lucha contra la pandemia con medidas puntuales, la respuesta económica y social que hasta ahora se ha dado conlleva también una serie de reformas estructurales pendientes que han venido para quedarse, y que refuerzan la centralidad perdida de muchos servicios y áreas de gestión política.
El primero y más evidente es el “establecimiento de un sistema de gestión de información eficiente en el ámbito sanitario” (como dice la Ley de Cohesión 2003), pero ese animo de recuperar control político se extiende a otras áreas como la creación de un régimen “ágil” para los ERTE y la Seguridad Social, el fomento del teletrabajo, la digitalización del ámbito educativo, de las pymes, del SEPE, la Justicia y la contratación pública. Incluso se llega a plantear dentro de ese nuevo afán coordinador central nacido de la crisis del Covid, de desarrollar aplicaciones basadas en inteligencia artificial para gestionar la movilidad o de crear un “chatbot en español para dar respuesta a preguntas de los ciudadanos por WhatsApp”.
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