Nuevo cierre de pieza en el caso Villarejo. Después de que el magistrado Manuel García Castellón finalizara las pesquisas relativas al proyecto Iron, ahora da carpetazo a la investigación que se ha seguido en el marco del proyecto Land, relativo a los encargos de espionaje que parte del clan de los García Cereceda hizo a José Manuel Villarejo. Por ese motivo, finaliza esta parte concreta del caso Tándem y acuerda el procesamiento de un total de siete personas. Entre ellos se encuentran, además del policía jubilado y su socio Rafael Redondo, los promotores de la urbanización de lujo La Finca: Susana García Cereceda y Francisco Peñalver.
El magistrado también actúa contra el comisario Enrique García Castaño alias 'El Gordo', Gemma Alcalá (mujer de Villarejo), David Fernández Aumente (promotor de la urbanización de lujo) y tres de las empresas resultantes de la escisión de Procisa. Les atribuye a todos ellos delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. En su auto, el juez razona que los clientes de Villarejo eran conocedores de que estaba en activo en el momento de los hechos y de que esta gestión en la que se espió a Yolanda García Cereceda, se hizo al margen de la ley.
El magistrado termina esta pieza tercera de la macrocausa Tándem y les deja a un paso del banquillo tras recibir un informe de Asuntos Internos a comienzos de mes. La Policía Judicial acreditó en este oficio que los ahora procesados abonaron un total de 340.252 euros al Grupo Cenyt mediante pagos de tres cuentas bancarias diferentes. Los abonos se efectuaron entre julio de 2013 y febrero de 2014 a través de facturas creadas 'ex profeso' para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de servicios ficticios. Las empresas resultantes de Procisa, perteneciente al clan de los García Cereceda, también serán juzgadas como personas físicas porque de ellas también se abonaron pagos al entramado del comisario.
Lucha por la herencia
El material incautado al agente encubierto tras su detención en noviembre de 2017 ha permitido acreditar que se celebraron hasta cuatro reuniones en el año 2013 en las que participaron los acusados. En las mismas se habló claramente de que tenían fuentes en la Policía Nacional e incluso de problemas técnicos con los teléfonos de los espiados. Susana García Cereceda acudió al comisario en plena guerra por la herencia de su padre Luis García Cereceda. Sin embargo, el trabajo no se ciñó a estudiar la rentabilidad de la empresa sino que se utilizó como un instrumento de presión para las disputas familiares. De hecho, algunos informes sobre la vida privada de los espiados aparecieron también los despachos de los dueños de La Finca.
Tanto es así que por la Audiencia Nacional han desfilado como perjudicados de este encargo concreto el arquitecto de los famosos Joaquín Torres, el torero Jaime Ostos, Yolanda García Cereceda, Silvia Gómez Cuétara o la juez de Pozuelo Mónica Gómez Ferrer. La magistrada, que, instruyó la causa por evasión fiscal contra el futbolista Cristiano Ronaldo, se personó como perjudicada tras descubrir que fue blanco de los espionajes de Villarejo. Figuran en la causa informes de seguimiento a Gómez Ferrer por ser la magistrada encargada del procedimiento de división de herencia en el clan de los García Cereceda.
Seguimientos y control telefónico
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 explica en su auto que no es posible que estos clientes estuvieran al margen de la actuación de Villarejo puesto que se les informó de las técnicas que emplearon para controlar a los espiados así como de sus conversaciones telefónicas. Sobre García Castaño explica el magistrado que actuó facilitando accesos a las bases de datos de la policía, fundamentalmente base de datos del DNI. Al respecto, el instructor apunta que el exjefe de la UCAO, que está investigado en casi todas las piezas que integran esta macrocausa, mantuvo una colaboración con Villarejo "periódica y constante".
El juez, que les acusa además de hacer labores de intoxicación informativa y de atentar contra el derecho de la intimidad de los espiados, añade que también se puso a disposición de esta parte de los García Cereceda un informe de inteligencia patrimonial y del fallecido Luis García-Cereceda elaborado por la Agencia de Detectives Método 3 por encargo de Silvia Gómez-Cuétara Novoa. Desde el Grupo Cenyt tuvieron acceso al mismo de forma ilícita a través de la base de datos de la empresa. Por su parte, el juez archiva el caso para Eduardo García Cereceda, hermano del fundador de La Finca, por no quedar acreditada su participación en estos hechos.
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