En este sentido, el portavoz de Ecologistas en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha manifestado a Europa Press que es "casi seguro" que la iniciativa acabará sometiéndose al dictamen de Bruselas. Por el momento, la asociación tiene claro que insistirá en el asunto en el próximo Consejo, programado inicialmente para el viernes 8 de julio.
El Ministerio considera que el recurso "no responde al interés general". Con este fundamento, y argumentando que la advertencia de la organización ecologista de que la ejecución del proyecto causaría perjuicios posiblemente irreversibles a Doñana "no basta por sí sola si no va acompañada de una prueba sobre el alcance y efectos que conllevaría en el medio ambiente el almacenamiento subterráneo de gas en la comarca", el Estado ha resuelto desestimar la acción.
El proyecto aprobado por el Ministerio consiste en una infraestructura gasística ubicada en la comarca de Doñana, perteneciente a un macroproyecto con el mismo promotor, Gas Natural, a ejecutar en un mismo territorio en el que confluyen espacios protegidos y terrenos del entorno en la comarca de Doñana.
Este proyecto ha sido, sin embargo, dividido en cuatro partes fragmentadas territorialmente, interconectadas entre sí y dependientes unas de la ejecución de las otras. Entre estos cuatro proyectos, dos no han sido aprobados por situarse en la Red Natura 2000, uno sí se aprobó por estar fuera de ella, y el de 'Marismas Occidental', del que ha sido recurrida su autorización, se encuentra una parte en Zona de Interés Comunitario Doñana Oeste-Norte y contigua al espacio natural.
El proyecto consiste básicamente en 16 nuevos sondeos, 13 gasoductos de interconexión y el almacenamiento del gas en los pozos agotados y su impacto, según los ecologistas, no ha sido evaluado en su conjunto, "careciendo de un análisis de afecciones sinérgicas, lo que ofrece dudas científicas no resueltas sobre las posible consecuencias y el impacto final en el espacio natural de Doñana y su entorno, así como las afecciones a la Red Natura 2000".
En vista de que la evaluación de impacto ambiental "adolece de la precisión necesaria para disipar cualquier duda científica razonable", Ecologistas en Acción presentó el recurso de alzada en plazo, solicitando la suspensión de la resolución e invocando el principio de precaución para garantizar la protección del medio ambiente en caso de riesgo, "un principio que rige las políticas de la Unión Europea cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con la certeza suficiente".
A ello suma la organización ecologista que existe jurisprudencia que no permite que una autoridad nacional, aun si es legislativa, autorice un plan o un proyecto sin haberse asegurado de que no perjudicará la integridad del lugar afectado, ha precisado Romero.
"El Ministerio, que dice haber ponderado los intereses de la empresa y los intereses de la organización recurrente, se ha decantado por el interés empresarial, haciendo la declaración de utilidad pública, en detrimento del espacio protegido de Doñana, la Reserva de la Biosfera declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y su comarca", lamenta.
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