San José, 4 feb.- El Estado ecuatoriano reconoció parcialmente hoy su responsabilidad por la destitución de los 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2004, en el marco de un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) donde se le acusa de haber actuado ilegalmente.
El representante del Estado, Erick Roberts, anunció que Ecuador se "allana parcialmente" a las violaciones a los derechos humanos contenidas en la demanda.
Los puntos a los que se allanó parcialmente el Estado fueron las violaciones a las garantías judiciales, principio de legalidad, derecho a un recurso de apelación y derecho a la igualdad ante la ley.
Los representantes de las víctimas se quejaron ante los jueces de que el Estado no se pronunció al respecto horas antes en una reunión previa al juicio, por lo que pidieron que la audiencia continuara como estaba previsto.
El presidente de la CorteIDH, el peruano Diego García-Sayán, dijo que tomaba nota de lo expresado por el Estado y que la mecánica de la audiencia se mantenía invariable.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano José de Jesús Orozco, presentó el caso ante los jueces de la CorteIDH y aseguró que la destitución "no tuvo sustento constitucional" ni "debido proceso".
Orozco explicó que los hechos ocurrieron en un contexto de conflicto entre los poderes del Estado y afirmó que con esta demanda se pretende defender la independencia judicial en las democracias de la región.
Los jueces escucharon el testimonio del exmagistrado Arturo Donoso, quien calificó su destitución y la de otros 26 compañeros como un acto "ilegal, inconstitucional y dictatorial" que les provocó daños económicos, psicológicos y de salud.
"Fue un acto ilegal que rompió el orden constitucional porque el Congreso no tenía atribuciones para intervenir en la Corte Suprema", dijo Donoso.
El exmagistrado subrayó que la Constitución ecuatoriana estableció los nombramiento vitalicios de los magistrados de la Corte Suprema y garantiza la "total independencia judicial".
Donoso aseguró que antes de ellos habían sido destituidos los magistrados del Tribunal Constitucional, por lo que no contaron con una instancia para apelar la decisión del Congreso.
Según la demanda, los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2004, cuando a iniciativa del Gobierno presidido por Lucio Gutiérrez, los magistrados de la Corte Suprema fueron sustituidos tras una votación en el Parlamento refrendada por mayoría simple.
Poco después, en marzo de 2005, la Comisión Andina de Juristas (CAJ), una organización independiente, llevó el caso ante la CIDH aduciendo que el Gobierno de Ecuador quebrantó el Estado de Derecho.
Además del testimonio del exmagistrado Donoso, la CorteIDH escuchó hoy a tres peritos y para mañana tiene previsto el cierre de la audiencia con los alegatos finales de las partes.
La sentencia por este caso será redactada en los próximos meses.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligatorio para los estados miembros del organismo hemisférico que han reconocido la competencia del tribunal.
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