Editores y periodistas celebran que justicia reconsidere la prohibición de tomar imágenes de detenidos

Las asociaciones de periodistas y editores de prensa mostraron hoy su satisfacción por el compromiso que ha adquirido con ellos el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de revisar el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tramitación en el Senado, que prevé la prohibición de tomar imágenes de detenidos, incluidos aquellos de relevancia pública.
Tras las quejas de estas entidades, el ministro se ha reunido con sus representantes y se ha comprometido con ellos a estudiar una redacción alternativa al controvertido artículo 520.1 de la norma, "que refuerce el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos constitucionales del investigado", según anunció Justicia este martes en un comunicado.
Las asociaciones difundieron este miércoles una nota en la que valoran "la voluntad de diálogo del ministro y su disposición a buscar fórmulas para que la reforma legislativa no suponga una traba a la libertad de información aunque los destinatarios de la norma sean órganos judiciales, fiscalía, policía judicial e instituciones penitenciarias".
En el trámite del proyecto en el Congreso se introdujo una enmienda con el voto favorable de PP y CiU que añadía al artículo 520.1, referido a las detenciones, que en la detención de una persona “se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en los traslados ulteriores”.
En la reunión con el ministro, los representantes del periodismo mantuvieron que, en asuntos de interés público y con veracidad informativa, prevalece el derecho colectivo a la información frente al derecho individual al honor, la intimidad y la propia imagen, según sentencias del Tribunal Constitucional, y se puso sobre la mesa que las palabras “adoptar las medidas necesarias” han creado "un gran desconcierto y total inseguridad jurídica en profesionales y medios, por no existir definición en cuanto a la forma de poner en práctica la medida de protección propuesta por parte de la autoridad judicial o policial", según recuerda el comunicado de las asociaciones profesionales.
Estas organizaciones también se han reunido en los últimos días con el portavoz del Grupo Socialista del Senado, Óscar López, que ha garantizado que su formación votará en contra del artículo objeto de polémica.