EE.UU., preocupado por abusos policiales y violencia de género en el Cono Sur

  • El Departamento de Estado de EE.UU. muestra su preocupación por los abusos policiales, la violencia de género y la corrupción que persisten en el Cono Sur, según el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que publicó hoy.

Washington, 19 abr.- El Departamento de Estado de EE.UU. muestra su preocupación por los abusos policiales, la violencia de género y la corrupción que persisten en el Cono Sur, según el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que publicó hoy.

El informe indica que aunque los países del Cono Sur respetaron en términos generales los derechos humanos en 2012, todavía quedan algunos "retos" pendientes; y mientras las autoridades de Argentina, Chile y Uruguay tomaron medidas para corregir los abusos, en Paraguay persistió la impunidad.

ARGENTINA

El principal problema que incluye el informe en Argentina es la "tortura" por parte de la policía provincial, las "duras condiciones de reclusión" y una mayor incidencia de la violencia de género.

La Asociación de Víctimas de Violaciones reportaron más de 2.400 casos de violaciones durante el pasado año y la corte de Buenos Aires recibió 800 denuncias mensuales de violencia de género, de los que aproximadamente el 63 por ciento involucraban violencia contra las mujeres.

El informe denuncia el "uso excesivo de la fuerza" por parte de la policía, que "ocasionalmente" realiza "arrestos arbitrarios", así como la preocupación del EE.UU. por el "riesgo" para la "libertad de prensa", además de sobre la eficiencia e independencia de las cortes.

Estados Unidos también menciona su preocupación sobre la "corrupción oficial", el abuso infantil y la trata de blancas, mientras continúa la discriminación y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, y el trabajo infantil.

CHILE

El principal problema de derechos humanos que preocupa a EE.UU. es el "excesivo" uso de la fuerza y el "maltrato" por parte de la policía; las malas condiciones de las prisiones y la "violencia social" y la "discriminación" contra niños, mujeres y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGTB).

Entre enero y septiembre de 2012, la Fiscalía investigó 3.879 violaciones, aunque los expertos creen que la mayoría de los casos de violación no se denuncia por miedo a más violencia y estigma social.

Otros asuntos que menciona son el "acoso" a la prensa, la discriminación contra la población indígena mapuche y casos "aislados" de corrupción del gobierno.

El informe destaca que el gobierno suele tomar acciones para juzgar a los oficiales que cometen abusos, tanto si son de las fuerzas de seguridad o de cualquier estamento del Gobierno.

PARAGUAY

Estados Unidos afirma que Paraguay suele tener elecciones "justas y libres", al tiempo que recuerda que el presidente Fernando Lugo fue sometido en 2012 a un juicio político en el Parlamento por el que fue destituido, en un proceso "cuestionado" en cuanto a si se cumplió con el estándar constitucional del país.

El principal problema de derechos humanos fueron las denuncias de "homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad" y las duras condiciones carcelarias que "en ocasiones" amenazaron la vida de los presos.

"La corrupción se ha generalizado a todos los niveles de gobierno", señala el informe, que alerta de la "impunidad" de los funcionarios que cometieron abusos y de la ineficiencia del poder judicial.

El informe también aborda la discriminación y violencia contra las mujeres, los niños, los indígenas, las personas con discapacidades y el colectivo LGTB, además del trafico de personas y el trabajo de niños.

URUGUAY

En el caso de Uruguay menciona el "severo" hacinamiento y las "duras" condiciones en el sistema penitenciario, así como la violencia contra las mujeres.

El informe enumera como problemas también el tráfico de personas y la discriminación contra los afrourugayos, minoría en el país.

"El Gobierno tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos y no hubo informes de impunidad durante el año", reconoce el informe.

El Gobierno continúa investigando los casos de violación de derechos humanos durante la dictadura militar de Juan María Bordaberry en la década del setenta, de acuerdo con el documento.

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