EEUU debate la regla "una persona = un voto"

Los nueve jueces de la institución tienen que resolver lo siguiente: en el principio fundamental "una persona = un voto" ¿Qué implica exactamente el término "una persona"?

Lo que sucede es que en Estados Unidos decenas de millones de niños, inmigrantes, prisioneros, excondenados o discapacitados mentales no están autorizados a votar. Sin embargo son censados como el resto de la población.

Si el recorte electoral efectuado por los estados se basa en el censo de la población total, entonces esas personas que no pueden votar también son contabilizadas a la hora de diseñar el mapa de las circunscripciones electorales.

El caso, examinado el martes por la Corte Suprema, generó un fuerte debate luego de la denuncia de dos ciudadanos de un distrito de Texas que tiene una fuerte densidad de electores legítimos.

Sue Evenwel y Edward Pfenninger afirman que su voz se ve "diluida" en comparación con lo que sucede en las circunscripciones que cuentan con gran cantidad de no votantes y donde un número reducido de ciudadanos puede llevar a la victoria a un senador.

Los demandantes, que se apoyan en cifras, dicen que en este caso el principio "una persona = un voto", reafirmado con vigor desde hace medio siglo, es violado.

La ley federal en materia de recorte estipula que los distritos electorales tienen más o menos la misma cantidad de habitantes, con una diferencia máxima de 10%.

Pero "denunciamos una diferencia de cerca de 50% en ciertos estados si se refiere al número de electores, dijo este martes William Consovoy, el abogado de la parte apelante.

El defensor pidió a los nueve jueces de la Corte Suprema instaurar un recorte electoral que tome en cuenta únicamente a los potenciales electores.

Pero detrás de esta reforma, presentada en nombre de la equidad, se esconden estrategias políticas y cuestiones raciales.

Si la Corte Suprema le da la razón a los demandantes, las circunscripciones urbanas mestizas, que cuentan con muchos no votantes, entre ellos una fuerte proporción de hispanos, serán menos numerosas pero abarcarán más territorio.

Por el contrario, las circunscripciones rurales y de periferia, con población mayoritariamente blanca, serán más numerosas y de menor tamaño.

Al fin de cuentas, el campo demócrata -tradicionalmente apoyado por los inmigrantes- pierde terreno con respecto a los republicanos.

El martes, varios de los nueve jueces recibieron con reserva la idea de un cambio que implicaría un golpe contra aquellos que no pueden votar, entre ellos los menores de 18 años.

"Deseamos una democracia en la cual los habitantes, que voten o no, sean representados proporcionalmente en su Congreso", dijo el juez progresista Stephen Breyer.

Al menos dos magistrados se preocuparon por las consecuencias prácticas de una modificación de la norma, que implicaría volver a diseñar los mapas electorales de varias ciudades y regiones, entre ellas Nueva York, California, Chicago y Miami.

Los militantes de derechos cívicos y las asociaciones de defensa de minorías están a favor de mantener el statu quo.

Para Nina Perales, una funcionaria de la organización MALDEF que apoya a los migrantes mexicanos, la reforma desfavorece a las familias numerosas, de las cuales muchas son latinas.

"Nuestros legisladores representan a la población", dijo. "No representan una tierra, no representan una superficie, no representan un condado", concluyó.

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