EEUU respalda posición Argentina sobre inmunidad frente a "fondos buitre"

Washington, 6 mar.- La Casa Blanca ha enviado un informe al Tribunal Supremo de EEUU en el que respalda la posición de Argentina de que se respete la inmunidad de los activos financieros del país suramericano frente a los llamados "fondos buitres".

En una intervención bajo la figura de "amicus curiae", el procurador general de EEUU, Donald B. Verrilli Jr, argumenta que el Gobierno tiene "un interés sustancial en la correcta interpretación y aplicación" de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, en sus siglas en inglés).

Si el Tribunal Supremo, señala Verrilli, "permite más exámenes de activos en propiedad de un gobierno extranjero, dañaría las intenciones de la ley FSIA, y tendría un número de consecuencias adversas" para EEUU.

Se trata del segundo escrito firmado por Verrilli Jr., después de que a comienzos de diciembre brindara su opinión a petición de la Corte Suprema.

El Tribunal Supremo de EEUU debe revisar si dos entidades financieras tienen que entregar información sobre los activos de Argentina en el contexto del largo litigio planteado por los acreedores privados que no admitieron los canjes de deuda pública, tras la suspensión de pagos de Argentina en 2001.

Argentina ha presentado una apelación ante el máximo tribunal de EEUU que busca impedir que la empresa Elliott Management Corp. NML, uno de los acreedores privados calificado como "fondo buitre", pueda acceder a las cuentas que tienen el Gobierno y funcionarios de alto rango argentinos en el Bank of America Corp. y el Banco de la Nación Argentina.

NML ha solicitado estos registros bancarios para conocer cómo mueve Argentina sus activos por todo el mundo e identificar dónde podría buscar compensaciones.

Este caso, no obstante, es independiente de la causa central en el que se define si Argentina debe pagar o no, y cómo, a los fondos de inversión que reclaman el pago íntegro de bonos soberanos adquiridos a finales de 2001, tras el desplome de la economía argentina, y que se negaron a participar en las reestructuraciones de deuda impulsadas por el Gobierno argentino en 2005 y 2010.