Por ley, "el Departamento de Estado debe retener 15% de cierto financiamiento del plan Mérida a México hasta que un informe sobre derechos humanos sea entregado al Congreso", dijo el vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner.
"Este año, el Departamento no fue capaz de confirmar y reportar al Congreso que México cumplió cabalmente todos los criterios (requeridos por la ley) y el 15% fue retirado de México", añadió.
A pesar de esa medida, Toner subrayó el apoyo continuado de Washington a las reformas del sistema de justicia y policía, "componentes esenciales para ampliar el estado de derecho y proteger los derechos humanos".
El combate contra el crimen organizado en México sigue siendo un "difícil desafío", señaló.
Washington asignó 2.300 millones de dólares para combatir el crimen organizado en el marco de la Iniciativa Mérida, que firmó con México en 2008.
El gobierno mexicano atraviesa una tormenta de acusaciones y la ira de organizaciones de derechos humanos, tras la desaparición hace un año de 43 estudiantes, en presunta colaboración entre narcotraficantes y fuerzas policiales locales.
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