Egipto. Amnistía acusa a eeuu de vender armas pese a la represión contra los manifestantes

Amnistía Internacional criticó a Estados Unidos por permitir la exportación de armamento con destino a las fuerzas de seguridad egipcias a pesar de “la violenta campaña de represión” desatada contra los manifestantes en el país africano, de la que a su juicio el gobierno americano debía tener constancia.
En nota de prensa, pidió así a EEUU parar las ventas hasta que se verifique que “las municiones, el material y las armas enviadas no tienen nada que ver con el derramamiento de sangre en la calle”.
“El 26 de noviembre llegó desde Estados Unidos un cargamento dirigido al Ministerio del Interior egipcio con al menos siete toneladas de “munición fumígena”, que incluía sustancias químicas irritantes y agentes antidisturbios como el gas lacrimógeno”, señaló Amnistía.
Se trataba de una de las tres entregas de armas a Egipto realizadas por la empresa estadounidense Combined Systems Inc desde el comienzo de la brutal represión de las manifestaciones de la “Revolución del 25 de enero”, agregó.
Otros dos envíos procedentes de la misma empresa se efectuaron el 8 de abril y el 8 de agosto, respectivamente.
Según la organización, un portavoz del Departamento de Estado reconoció el 1 de diciembre que EEUU había concedido “licencias de exportación a dos empresas para vender gas lacrimógeno y otros agentes antidisturbios no letales a Egipto”.
“La concesión más reciente de una de estas licencias tuvo lugar en julio”, prosiguió Amnistía, por lo que dichos permisos “se otorgaron en un momento en que el gobierno egipcio ya estaba reaccionando a las protestas con un uso excesivo de la fuerza y con el empleo de medios letales”, dedujo.
“Es inconcebible que las autoridades estadounidenses no conocieran los indicios de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad egipcias, ampliamente documentados”, subrayó.
Por ello, Amnistía pidió el fin de las exportaciones de armamento a Egipto hasta que no se asegure que éste no se utiliza contra los manifestantes, y exigió “un tratado efectivo sobre el comercio de armas, con ámbito de aplicación global y estrictos controles nacionales sobre la concesión de licencias”.
Esto “ayudaría a garantizar que las exportaciones de armas de Estados Unidos y otros grandes fabricantes no fomentan los abusos contra los derechos humanos”, concluyó.