El Gobierno estudia mantener el 155 ante el órdago de Torra en la confección de su Govern. Contar con fugados y presos como consellers se considera todo un reto al Estado. De hecho, la ley lo ampara, aunque el victimismo independentista opine lo contrario. El artículo 17.2 de la Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno de Cataluña señala de forma diáfana que "el Gobierno queda constituido tras haber tomado posesión del cargo todos sus miembros". El Gobierno ya ha remitido un escrito a la Generalitat dejando claro que, por el momento, no puede publicar el nombramiento de los consellers porque su validez está siendo revisada. Sin la aprobación del Gobierno, su publicación carecería de validez y efectos.
La realidad es que algunos de los miembros del nuevo Govern no podrán formar parte del Govern si no vuelven a España o si no son liberados por la justicia, algo que ya han solicitado sus defensas. De no darse estar circunstancias el Gobierno, que considera toda una provocación la opción de Torra, se puede ver obligado a mantener el artículo 155, algo que Rajoy no tenía en mente, centrado en aprobar los presupuestos.
Contaría con el apoyo para hacerlo de Rivera y de Sánchez. Cs ya expresó nada más conocer a los componentes elegidos para formar parte del nuevo Govern que "así no se puede levantar el 155". Lo expresó de forma rotunda la ganadora de las elecciones catalanes, Inés Arrimadas, que destacó que con "un presidente supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia" la aplicación del 155 "no se puede levantar".
La Generalitat no puede publicar el decreto de consellers
El Gobierno ha remitido un escrito al secretario del Govern de la Generalitat en la que le advierte de que no puede publicar el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra porque está estudiando su viabilidad, y recuerda que, sin su autorización, ese acuerdo carece de validez y efecto. El escrito remitido al secretario de la Generalitat, Víctor Cullel, ha sido redactado por el subsecretario del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, José María Jover.
Se trata de la contestación a la carta que Cullel envío ayer adjuntando dos decretos, el de creación, denominación y determinación de las competencias de las consejerías del Govern, y el del nombramiento de su vicepresidente y consejeros. No hay problema alguno, señala el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en que se publique el primero de ellos, pero precisa que respecto del segundo se va a estudiar la viabilidad de su publicación debido a que incluye a cuatro consejeros que están en prisión o fuera de España. Recuerda en concreto que Torra pretende que Jordi Turull sea consejero de Presidencia, Josep Rull de Territorio y Sostenibilidad, Antoni Comin de Salud, y Luis Puig de Cultura.
"Todo ello -explica el subsecretario- atendiendo a las circunstancias que concurren en las personas citadas y las competencias a ellas atribuidas". Es a continuación cuando hace la advertencia en nombre del Gobierno de que no se pueden publicar esos nombramientos sin su consentimiento. "Le recuerdo -señala la carta al secretario de la Generalitat- que la publicación del citado acuerdo requiere la autorización por parte del Gobierno de la nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos".
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha manifestado que su partido apoyará que el Gobierno rechace el nombramiento como miembros del nuevo Govern de Cataluña a personas en prisión o huidas en el extranjero y que en consecuencia mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Sánchez así lo asegura en una entrevista en La Razón, en la que critica la decisión del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, de incorporar a su gabinete dos exconsellers en prisión preventiva, Jordi Turull y Josep Rull, y a otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín y Lluís Puig. "Antes que una provocación, que lo es, es un acto de degradación de la institución de la Generalitat perpetrado por su propio president", afirma el líder socialista. En su opinión, "el autogobierno le interesa muy poco a quien nombra a consejeros a sabiendas de que no podrán ejercer sus funciones y tampoco someterse al control político de su hipotética gestión". Pero advierte de que Torra "se equivoca, si cree que el principal destinatario de su desprecio es el Estado; lo son todos los ciudadanos de Cataluña".
Sánchez cree que tanto estos nombramientos como el rechazo a que en su toma de posesión hubiera presencia del Estado muestran que la voluntad de diálogo del nuevo presidente de la Generalitat es "nula". Incide, además, en la necesidad de que la aplicación del 155 sea pactada, trascienda las siglas de un partido político y que todas las fuerzas que aspiran a gobernar sean generosas y antepongan el interés general al partidario.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su parte, ha reivindicado este domingo que "el principio de restitución era un principio esencial" para nombrar de nuevo a los consellers cesados por el 155 y ha asegurado que está a la espera de la respuesta del Estado ante la formación de Govern.
En una entrevista de 'El Punt Avui' ha celebrado que los consellers Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig hayan aceptado ser nombrados. Preguntado por cómo tomarán posesión estando en prisión o en Bélgica, ha señalado que tienen que ver cómo reacciona el Estado, pero que los abogados pedirán que puedan salir de la cárcel para tomar posesión. "Estamos a la espera. Todos estos candidatos tienen sus derechos políticos intactos, pueden ser consellers de la Generalitat", ha añadido, aunque no ha querido desvelar cómo pretenden hacer efectivo su nombramiento si no pueden salir de la cárcel.
Torra ha afirmado que es un Govern "fuertísimo", como cree que necesita Cataluña en estos momentos, y ha reiterado que el Govern tomará las decisiones aunque mantendrán el contacto con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que visitará a "con total regularidad" --puede ser cada 15 días pero tienen que concretarlo-- para informarse sobre la situación política en Cataluña y de cómo avanza el Consell de la República en el exterior. Torra lo sigue considerando el líder político de Cataluña.
Torra, pese al órdago lanzado al Gobierno con su Govern, ha insistido en su voluntad de iniciar un diálogo "sin condiciones" con el Gobierno central y ha expresado su convicción de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo recibirá. "No quiero renunciar a hablar. Tenemos que hablar las veces que haga falta. Esto no puede durar ni un minuto más. Es una crisis catalana y europea", ha sentenciado.
También ha afirmado que en los primeros encuentros que puedan tener es partidario de hablar "de todo" y ver qué proyecto tiene el Gobierno para Cataluña y qué piensa hacer con los presos soberanistas. "Hemos hecho un esfuerzo ingente para intentar explicar cuál es el proyecto que tenemos para Cataluña. Desconocemos cuál es el proyecto que tiene Rajoy para Cataluña", ha cuestionado.
El presidente de la Generalitat ha anunciado que el martes enviará a los jefes de Estado europeos un informe sobre la situación en la que se encuentra Cataluña "con presos políticos, con exiliados, con que los mismos que están en libertad en Bélgica están en la prisión de Estremera, Soto del Real o Alcalá Meco". En este sentido, ha dicho que les pedirá "su complicidad, su comprensión y su diálogo", y que se pondrá a su disposición para hablar y encontrar una solución política.
Torra ha sostenido que, según él, en Europa no entienden por qué hay políticos encarcelados sin que se haya producido el juicio y ha manifestado su confianza en que las peticiones de extradición no prosperarán. "Esta partida judicialmente está ganada porque no se aguanta. En Europa caerán todas las extradiciones. El Estado se encontrará un rechazo a esta judicialización de la política inmensa", ha vaticinado. Además, ha advertido de que cuando se celebre el juicio sobre el proceso independentista volverá a haber una situación compleja y que deberán "saber reaccionar como país".
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