El 15M ocupa una vieja Consejería en Oviedo para hacer un centro social

  • Un grupo de "indignados" asturianos ha ocupado la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado, situada en una céntrica calle de Oviedo, para hacer visible su protesta contra la especulación urbanística y recuperar un espacio público para los ciudadanos y vecinos de la zona.

Indignados ocupan en Oviedo una vieja Consejería para hacer un centro social
Indignados ocupan en Oviedo una vieja Consejería para hacer un centro social
EFE

Miembros del movimiento 15M asturiano ha ocupado la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado, situada en una céntrica calle de Oviedo, para hacer visible su protesta contra la especulación urbanística y recuperar un espacio público para los ciudadanos y vecinos de la zona.

Los "indignados" se metieron en el edificio hace ocho días, aunque no había trascendido la noticia hasta ahora.

Su presencia en el inmueble se ha hecho visible cuando pusieron, al cumplirse seis meses del inicio de las movilizaciones del 15M, pancartas y pintadas en algunos rótulos que identifican a la antigua Consejería como un "centro colectivo".

"Espacio social. No se puede entrar sin orden judicial", es otra de las pancartas que los indignados asturianos han colgado de la fachada de este edificio situado en la calle General Elorza, que va a ser derribado para la construcción de viviendas de lujo.

En un comunicado, los "indignados" hablan de "ocupación y liberación" de un edificio que consideran "símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo".

El Principado compró en 2007 por 60 millones de euros parte del complejo levantado en la capital asturiana por Santiago Calatrava para la empresa Jovellanos XXI, para ubicar dependencias administrativas.

La administración asturiana vendió varias parcelas, entre ellas la que albergaba la Consejería de Salud para financiar esa operación.

Según un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas dos años después, el Principado incumplió la Ley de Patrimonio, ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento regional.

Así, el movimiento del 15M ha denunciado la "complicidad" de las administraciones públicas con los grandes promotores inmobiliarios, a la vez que ha abogado por un urbanismo al servicio de las personas.

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