La trama del 3%, el amaño de obra pública en administraciones catalanas controladas por Convergència Democrática de Catalunya (CDC) a cambio de comisiones que los empresarios en el ajo pagaban a fundaciones dependientes de ese partido, llega a la Audiencia Nacional. El juez José de la Mata tomará declaración como imputados a partir de este lunes a 23 imputados en el caso después de que aceptara la competencia para seguir investigándolo tras la inhibición del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, que hasta ahora instruía el caso.
Aunque no sea más que una coincidencia en el tiempo, el proceso en la Audiencia a la trama corrupta de CDC se produce en plena reapertura del diálogo entre el nuevo Govern de Quim Torra y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, si bien ningún cargo público catalán del partido que gobierna está implicado en la trama.
La pirámide corrupta, según la investigación, tuvo en su cúspide al exconsejero de Justicia con Artur Mas y ex secretario de la Generalitat Germà Gordó, que habría actuado como controlador político de este esquema clásico de corrupción que ya fue denunciado por en 2005 por el expresident Pasqual Maragall (PSC). En un segundo escalón se encontraba el extesorero de CDC Andreu Viloca quien canalizaba los supuestos cohechos de empresas como Copisa, Oproler, Comsa, Benito Arnó e Hijos o Construcciones Deco hacia las fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona, ligadas a la formación nacionalista.
Los imputados que declaran a partir de este lunes ante De la Mata pertenecen a dos grupos bien diferenciados. Por un lado, los cargos de Convergència que idearon el sistema así como los responsables de administraciones y empresas públicas controladas por ese partido que participaron en este esquema clásico de financiación a cambio de obra amañando concursos. En una segunda tanda comparecerán ante el nuevo instructor los empresarios y directivos de compañías que mantuvieron tratos con ellos para conseguir ganar en estas convocatorias públicas de manera fraudulenta.
Entre los investigados que ocuparon cargos públicos, el más destacado es Antoni Vives, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante la alcaldía de Xavier Trias (CiU), exvicepresidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Barcelona y expresidente de Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa), perteneciente al Consistorio de la capital catalana. El exconcejal, que dejó su cargo en 2015, tendrá que dar explicaciones el próximo jueves sobre el supuesto amaño de al menos ocho proyectos en áreas como el mantenimiento de los colegios públicos de Barcelona, obras en el puerto, la Plaza Glòries y el carril bici barcelonés entre otros.
Ese mismo día tocará el turno al exsenador y actual presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona Sixte Cambra, uno de los personajes supuestamente pertenecientes a la trama más próximos al expresidente catalán Artur Mas. Cambra, según el juez De la Mata, habría tenido participación en dos obras realizadas en la infraestructura que dirige: el dique este del puerto, adjudicada fraudulentamente a cambio de una comisión de 50.000 euros. Y los trabajos de acceso sur a los muelles, que comportó supuestamente una donación de 90.000 euros para las fundaciones de CDC.
Sànchez, el conseguidor
Previamente pasarán por el juzgado otros cargos de menor relevancia. Como Francesc Xavier Sànchez, responsable jurídico y económico de Convergència cuando se adjudicó fraudulentamente la obra del carril bici de Barcelona. Cuando se licitó esa obra en 2013, Sànchez era director general de Bimsa, la empresa municipal de obras. Desde ese puesto, según la investigación, actuó como conseguidor político o mediador con los empresarios, con varios de los cuales se reunió en comidas y a los que avisaba puntualmente de las obras que salían a concurso.
También Anna Dolors Benítez, jefa económica-financiera de CDC y colaboradora de Viloca en todo lo relativo a las donaciones a las fundaciones próximas al partido y tenía poderes sobre las cuentas bancarias de las mismas. Y Carles del Pozo, gerrente y coordinador del área económica de la formación. Suya fue la idea de que las comisiones de los empresarios implicados fueran a las fundaciones del partido. O Ángel Sánchez Rubio, exdirector general de Bimsa, que puso en marcha tres proyectos en los que Convergència acabó recibiendo fondos ilícitos. Sánchez Rubio fue, además, quien se reunión con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando aún era alcalde de Girona, con la presunta intención de introducir en esa ciudad el sistema corrupto.
También desfilarán ante De la Mata 11 cargos de las empresas que se prestaron a estos enjueagues. Como COPISA, COMSA, Oproler, Rubau Torres, Benito Arnó e Hijos, Construcciones Deco, Certis Obres, Impusa Grup Ortiz, Tec Cuatro, Grup Soler, o Urbaser. Todos ellos habrían mantenido contactos con los políticos implicados para tratar de obtener información privilegiada o ‘engrasar’ el mecanismo para quedarse con los proyectos a cambio de financiación ilegal.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios