Madrid, 30 nov.- El 83 por ciento de los españoles no ve razones que justifiquen el pago de tasas para acceder a la justicia y el 79 por ciento considera "excesivas" las tasas fijadas en la nueva ley, según una encuesta elaborada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Estos datos se recogen en un "Sondeo de urgencia a la población española sobre la nueva Ley de Tasas Judiciales", basado en mil encuestas telefónicas en toda España, que hoy ha presentado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia.
El 90 por ciento de los encuestados piensa que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se precipitó en la tramitación de esta ley en lugar de buscar el acuerdo entre todas las partes implicadas, de acuerdo con el estudio de opinión.
Dado que uno de los fines de la ley es financiar la justicia gratuita, el 84 por ciento de los ciudadanos considera que es el Estado el que tiene la obligación de financiarla con cargo a los presupuestos generales y no los usuarios mediante el pago de tasas.
El 84 por ciento de los españoles cree que la ley supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva; el 83 por ciento tiene la sensación de que la protección judicial disminuye y el 77 por ciento que dificultará la lucha contra la violencia machista.
Toharia ha destacado que la atención y la preocupación que esta ley ha despertado en los ciudadanos se ha reflejado en el alto grado de respuesta a todas las preguntas planteadas en el sondeo, tanto entre quienes han acudido a un abogado como entre quienes no lo han hecho y tanto entre votantes del PP como del PSOE.
Dos de cada tres españoles (62 por ciento) opinan que va a existir una justicia para ricos y otra para pobres y que el peso de las nuevas tasas recaerá en la gran mayoría de la población.
Un 68 por ciento de los encuestados no cree que la Ley de Tasas Judiciales vaya a contribuir a un mejor funcionamiento de la justicia y un 61 por ciento estima que muchas personas que requieran la tutela judicial van a quedar desatendidas por falta de recursos económicos.
Carnicer ha destacado que este sondeo demuestra que esta ley no es "una cuestión corporativa", como sostiene el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El presidente del CGAE ha opinado que la imposición de tasas judiciales es "inconstitucional" porque supone un obstáculo al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Ha señalado que las tasas judiciales en las cuantías previstas en la ley están hechas para impedir el acceso a los tribunales, especialmente en los casos de violencia contra la mujer.
Las tasas judiciales repercutirán, sin ninguna duda, en la actividad de los despachos de abogados, ya que habrá muchos clientes que no podrán pagar el importe de las tasas judiciales, ha subrayado.
Por ello, el Consejo General de la Abogacía ha puesto a disposición de todos los letrados unos formularios para solicitar que los juzgados planteen la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, en su día, fundamenten la interposición de un recurso de amparo.
"Estas son las armas legales para contrarrestar el pertinaz empeño del Ministerio de Justicia de seguir adelante con estas tasas", ha recalcado.
Ha anunciado que el próximo lunes habrá una reunión de una plataforma común formada por operadores jurídicos, sindicatos y asociaciones de consumidores y el martes con otros representantes del sector para "aunar voluntades" con el objetivo de pedir la derogación de la ley o la reducción de las tasas, ampliando los casos de exención.
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