"El Gobierno, aunque esté en funciones, va a actuar siempre en defensa de la legalidad". Esta frase, pronunciada por un destacado 'fontanero' de Pedro Sánchez, resume el ambiente que se respira en Moncloa ante un octubre decisivo no solo para las elecciones del 10 de noviembre, sino a nivel histórico. Y es que algunos miembros del Ejecutivo socialista ya hablan de la sentencia del 'procés', prevista para los días 14 o 15, como la decisión judicial más importante hasta la fecha, superando incluso a las del golpe de Estado del 23-F. El terremoto que puede provocar en Cataluña y en el resto del país es imprevisible.
El 'maratón catalán' arranca este martes y a partir de ahora se espera un mes de tensión total. Hoy se cumplen dos años del referéndum del 1-O y, aunque se esperan algunas acciones reivindicativas, la situación no es alarmante. Apenas 200 nuevos antidisturbios de la Policía Nacional han llegado a Cataluña para evitar problemas. La 'bomba' se espera para dentro de dos semanas, cuando el tribunal que encabeza Manuel Marchena haga público su fallo. La dimisión este lunes del director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, no hace presagiar nada bueno.
Uno de los objetivos de Sánchez y su equipo es evitar que la sentencia del Supremo sirva de "gasolina" a los independentistas más radicales. Pero no va a ser fácil. Evitar lo ocurrido tras la sentencia del 'Estatut' es el principal quebradero de cabeza de Moncloa. A partir de ese momento, el sentimiento independentista se disparó. Y Sánchez quiere justo lo contrario. De momento, el líder del PSOE no ha desvelado su estrategia, pero sí ha endurecido el tono y ha cargado contra los independentistas. "Les pido que no jueguen con fuego", advirtió este lunes.
¿Rebelión? ¿O sedición?
¿Rebelión? ¿O sedición? Esa es la cuestión que centra el debate. El tribunal del 'procés' tiene en sus manos decidir cuál será la condena contra los líderes encarcelados. ¿Aplicar el criterio de la Fiscalía? ¿O el de la Abogacía? La diferencia es clave, ya que el primero es un delito contra la Constitución y el segundo es un delito de carácter menor al de rebelión. Las penas también son diferentes: la sedición se castiga con entre diez y quince años de prisión, ya que los acusados eran "personas constituidas en autoridad". La rebelión es más grave y la pena es de entre quince y veinticinco años entre rejas. A ello hay que sumar la acusación de la malversación. La cárcel, por tanto, está asegurada.
La sentencia del 'procés' se espera que sea "dura", como reconocen fuentes del Gobierno. También en el PP auguran un fallo que será recordado por mucho tiempo. Las conclusiones del tribunal ya se encuentran prácticamente ultimadas a la espera de conocer si habrá unanimidad por parte de los jueces o si habrá votos particulares. En cualquier caso, la batalla legal no acabará en el palacio del Supremo, ya que los independentistas ya han avisado que irán al Constitucional, primero, y después a Europa.
El choque de trenes será, por tanto, en dos semanas. El lunes 14 es un día marcado en rojo en el calendario del Ejecutivo. La clave vendrá de la reacción de los sectores independentistas y ahí el Gobierno en funciones ha diseñado dos tipos de respuestas. Por un lado, la policial, con un desembarco masivo de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Policía y Guardia Civil, en previsión de lo que pueda pasar en las calles. Serán desplazados los funcionarios policiales que hagan falta. Por otro lado, Sánchez prepara una respuesta institucional contundente. Y ahí quiere hilar fino.
El 155, encima de la mesa
Todo dependerá de la reacción desde las instituciones que ofrezca el Gobierno de Quim Torra. Si hay desobediencia -algo que no se descarta-, desde Moncloa advierten de que no les temblará el pulso. Del alcance de esas acciones vendrá la respuesta de Sánchez. De momento, el presidente en funciones se ha cuidado de no pronunciar el término "155". Pero en su equipo llevan tiempo asegurando que si todo se descontrola y los independentistas vuelven a "jugar con fuego", en cuestión de minutos podrían tener listo un nuevo texto para intervenir la autonomía en Cataluña. Es una situación límite, pero que está contemplada. En cualquier caso, en Moncloa quieren ir "paso a paso" y "sin precipitarse". No quieren "inflamar" la llama en Cataluña y por eso están solo avisando de hasta dónde estarían dispuestos a llegar.
En el PSOE no ha pasado desapercibido el hecho de que Sánchez haya endurecido su tono con los independentistas. En el seno del partido hay quien incluso ve esta actitud como una estrategia electoral para presentarse como un partido de centro y torpedear el discurso de Ciudadanos, que tiene a Cataluña como su principal idea-fuerza. Dicen que la batalla por la izquierda está muy reñida y que la cúpula socialista está orientando el debate hacia el centro, que es donde pueden robar más votos a costa del partido de Albert Rivera.
Una realidad con la que está jugando el PSOE es la división que existe en el independentismo. Hay dos facciones, claramente diferenciadas. Por un lado, la que impulsa Quim Torra y los sectores más próximos al fugado Carles Puigdemont, que avalaron las tres resoluciones 'reaccionarias' que aprobó el Parlament la semana pasada. Por otro lado, desde ERC ya han dejado claro que su independentismo es más práctico y que no secundará vías violentas. Cómo acabará ese pulso marcará el futuro del secesionismo.
A este clima de máxima tensión hay que sumar la convocatoria de las segundas elecciones generales en seis meses. Todo se complica y el 10 de noviembre será una bomba de relojería. Los pactos posteriores también se antojan endiablados. Se espera, por tanto, un octubre de alta tensión ante la situación más compleja que ha vivido el país. El 'déjà vu' de 2017 vuelve a repetirse.
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