El abogado de Urdangarin niega que haya cometido delito y que se haya lucrado

Palma, 16 ene.- El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, niega que haya indicios de que su defendido haya cometido ningún delito ni de que se haya lucrado por lo que ha pedido al juez que instruye la investigación del caso Nóos que rechace la petición de fianza de hasta 8.189.448 euros para él.

En las alegaciones a las peticiones de fianza que registró ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el letrado señala la "falta de indicios racionales de criminalidad por parte de Iñaki Urdangarin".

Alega además que las actuaciones que se investigan no han generado "daño patrimonial de ninguna clase" y considera improcedente reclamar una responsabilidad civil, por lo que rechaza las tres peticiones de fianza: la de la Fiscalía y el Sindicato Manos Limpias por 8.189.448 euros, y la de la comunidad autónoma balear por 3.498.014 euros.

En su escrito, Pascual Vives rechaza las acusaciones de la Fiscalía de que la finalidad del Instituto Nóos fuera ajena a lo que estipula la ley para las asociaciones y asegura que son "meras opiniones carentes de base fáctica alguna" y sin "indicios objetivos de los que quepa inferir el supuesto ánimo fraudulento" ni la concertación con la administración ni cualquier otra "actividad ilegal".

Sobre los hechos concretos que se investigan, los convenios de colaboración con las administraciones balear y valenciana, el abogado destaca que el duque de Palma solo fue presidente de Nóos entre el 23 de septiembre de 2003 y el 20 de marzo de 2006, etapa en la que se celebraron los Valencia Summit de 2004 y 2005 y el Illes Balears Forum de 2006.

Afirma además que Urdangarin no percibió cantidad alguna de los convenios celebrados en Valencia o Palma sino que fue el Instituto Nóos el que los percibió.

Pascual Vives cuestiona el cálculo efectuado para pedir la fianza y asegura que lo que podría decirse que percibió realmente Urdangarin fueron 106.850 euros como salario de Nóos Consultoría entre 2004 y 2006, y los 706.932,36 euros que ingresó la sociedad Aizoon por su intervención en los dos congresos de Valencia, sin descontar los gastos societarios y los impuestos.

La suma de ambas cantidades es de 813.782,36 euros, pero el abogado puntualiza que en el caso de los eventos de Valencia, quienes suscribieron los convenios no han efectuado ninguna reclamación.

Destaca que Urdangarin "nunca tuvo ninguna intervención material" en la suscripción de los convenios, que realizó Diego Torres como vicepresidente del instituto, ni en otras funciones que no fueran "las meramente representativas".

En relación a las actuaciones de Nóos Consultoría que también se investigan, Urdangarin solo fue socio de la misma.

Por estas razones, el abogado rechaza que se considere a Urdangarin "partícipe a título lucrativo" y se pretenda hacer responsable al duque de Palma "en igual grado y medida que a otras personas cuya intervención temporal y material es muchísimo más amplia".

Pascual Vives destaca que el objeto de los convenios que se firmaron se llevó a cabo, de manera que aunque las acusaciones quieran "devaluar" el valor de lo que se llevó en práctica, difícilmente se puede entender que se haya dañado a la administración por el valor de lo ejecutado.

"¿Cuál es la actividad delictiva? ¿Proponer unas ideas útiles, oportunas y con importante valor añadido en beneficio objetivo de la comunidad balear?", se pregunta el abogado en su escrito.