Juan A. Sanz
La Paz, 29 nov.- La decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, de conceder un doble aguinaldo de fin de año a todos los trabajadores públicos y obligar a la empresa privada a hacer lo mismo adelanta en un año la campaña electoral y coloca una espada de Damocles sobre la pequeña y mediana empresa.
El ya denominado "aguinaldazo", decretado por Morales el pasado día 20, ha ocupado las portadas de los diarios, llenando de alegría a muchos y sembrando inquietud en otros por las consecuencias económicas de una maniobra que consideran dirigida a preparar la reelección del mandatario en octubre de 2014.
Según el decreto presidencial 1802, la doble paga extraordinaria de Navidad se hará cuando el crecimiento del PIB boliviano supere el 4,5 % y este año se prevé que alcance el 6,5 %.
Sobre la extensión de la medida a los trabajadores privados, el Gobierno indicó que este sector generó en 2013 beneficios por más de 4.000 millones de dólares y que por tanto puede asumir ese gasto extraordinario.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que había calificado este paso como "una pésima señal" para las inversiones, se ha visto obligada a pactar con el Gobierno la ampliación hasta febrero del plazo para pagar el doble aguinaldo.
El impacto ha sido mayor entre los pequeños y medianos empresarios, donde se concentra la mayoría de los asalariados urbanos, que ven dispararse de una manera inesperada sus gastos en los últimos días del año.
Este sector ya ha anunciado que recurrirá a microcréditos, a recortes de personal o incluso al cierre ante la imposibilidad de hacer frente al pago.
La Federación de Empresarios de La Paz ha asegurado que el 90 % de las empresas de esta región no pueden pagarlo.
Los pensionistas, a quienes no incluye la medida, han puesto también el grito en el cielo y han reclamado su doble paga extra.
Ni sus protestas ni sus manifestaciones han conmovido a Morales, que no los considera parte de esa porción de la sociedad productora de riqueza a la que está dirigido el "premio".
Los pensionistas han manifestado su temor, como ha hecho economistas y empresarios, de que la inflación se dispare en los próximos meses debido a la mayor liquidez producto del "aguinaldazo" y que se reduzca así su ya exigua capacidad adquisitiva.
De momento, la inflación del 4,8 % prevista para este año por el Gobierno ya se ha sobrepasado, el Banco Central de Bolivia cree que se situará el 7,5 % y los más agoreros creen que superará el 10 %.
Varias organizaciones de fabricantes han advertido de que tendrán que subir los precios para cubrir los costes del aguinaldo añadido.
El gremio de transporte de pasajeros ya ha anunciado el inminente encarecimiento de sus tarifas.
Quienes acusan a Morales de dar este paso para asegurarse la reelección vieron cumplirse esta semana sus sospechas.
La Central Obrera Boliviana (COB), que en los últimos meses había amenazado con crear un partido para enfrentarse al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), ha retirado de su agenda tal iniciativa y además ha respaldado a Morales en la carrera para conseguir su tercer mandato consecutivo.
La oposición ya ha acusado al MAS de prometer a la COB una cuota de poder que, según consideran, convierte al sindicalismo en un instrumento más del Gobierno.
Tales denuncias respaldan la sospecha de que Morales ha lanzado este órdago del aguinaldo debido a su falta de confianza en la obtención de una victoria rotunda en una primera vuelta electoral en octubre de 2014.
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