La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está a la espera desde hace casi tres años, cada vez es más urgente. Desde hace meses se habla del impedimento legal que tiene el órgano de gobierno de los jueces para poder hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras se encuentre en funciones, de las vacantes que están quedando sin cubrir mientras tanto, y de las consecuencias directas que esta medida tiene, como la ralentización a la hora de resolver los conflictos por la mayor carga de trabajo que soportan los jueces y magistrados de las altas instancias judiciales.
Una de las Salas que en gran medida se está viendo afectada es la de lo Social del Tribunal Supremo, la encargada de estudiar todos los asuntos que a lo largo de año y medio de pandemia han revisado otros tribunales sobre los efectos económicos y sociales derivados de la covid-19, como los ERTE o el teletrabajo. Al inicio de la crisis sanitaria tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ tomaron precauciones para evitar el colapso de los tribunales y juzgados de primera instancia ante una esperada avalancha de demandas. No obstante, ahora todos esos litigios comienzan a llegar al Alto Tribunal, exclusivamente a la Sala presidida por María Luisa Segoviano -primera mujer en presidir una Sala del Tribunal Supremo-, que cada vez tiene menos magistrados.
Los magistrados de lo Social del Supremo ya han revisado asuntos de gran relevancia relacionados con las medidas extraordinarias de empleo provocadas por la covid-19. Entre otras de las cuestiones que han tenido entre sus manos, se encuentra el ERTE a causa de la pandemia que hizo la aerolínea Ryanair. A principios de este mes de octubre, la Sala confirmó la nulidad declarada por la Audiencia Nacional por no notificar la lista de afectados a los representantes sindicales y por entender que existió “fraude de ley”. Asimismo, recientemente también ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJV) en la que se determinaba que los miembros del comité de empresa gozan del derecho de prioridad de mantener su puesto frente a otros trabajadores en los casos de suspensión temporal de empleo aprobados por fuerza mayor.
Pero esta no es la única Sala que se encuentra bajo mínimos en el Tribunal Supremo. La de lo Contencioso-Administrativo también está sufriendo bajas entre sus magistrados. Entre sus funciones se encuentra la de revisar los acuerdos del Gobierno, como los indultos a los condenados por el ‘procés’ independentista; o el nombramiento de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que estudiará el próximo 19 de octubre. Además, esta Sala tiene la última palabra sobre las normas que las comunidades autónomas acuerdan para combatir la crisis de la covid-19. Todo ello después de que el Gobierno habilitara el pasado mes de mayo un mecanismo para que los gobiernos autonómicos o la Fiscalía pudieran recurrir las resoluciones de los altos tribunales de justicia, que tienen la primera decisión de autorizar o rechazar medidas como confinamientos o toques de quedas.
La preocupación en el seno del Tribunal Supremo cada vez es mayor, tanto que el pasado 27 de septiembre su Sala de Gobierno -presidida por Carlos Lesmes, que también es el máximo responsable del CGPJ- alertó de las “perniciosas consecuencias” que comienzan a constatarse en el funcionamiento del Alto Tribunal ante el retraso de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, el acuerdo aprobado hacía especial hincapié en que las Salas afectadas se encuentran en "una coyuntura" que impide "resolver con la mayor agilidad posible algunas de las cuestiones que tienen planteadas y que seguirán suscitándose previsiblemente".
Nuevas vacantes en 2022
En estos momentos, la Sala Primera (de lo Civil) cuenta con una vacante; la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) con seis; la Sala Cuarta (de lo Social) con tres; y la Sala Quinta (de lo Militar) con dos. No obstante, las plazas a sustituir aumentarán en 2022 con la jubilación de otros dos magistrados en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de los cuáles uno de ellos es Rafael Fernández Valverde, que también causará baja como vocal del CGPJ, si no se ha renovado antes; y otros dos en la Sala de lo Social.
Por todo ello, el acuerdo que el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, y el secretario general de los ‘populares’, Teodoro García Egea, alcanzaron el pasado jueves en tan solo unas horas para renovar el Tribunal Constitucional y otros tres órganos constitucionales ha dado “esperanzas” al sector judicial, que confía en que pronto se encuentre una solución para desencallar el CGPJ. De hecho, fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultados por La Información aseguran que tras conocerse la noticia de este nuevo pacto se ha instalado en la institución presidida por Lesmes una especie de “tranquilidad” al entender que ambos interlocutores comienzan a limar las asperezas que han frenado la renovación del órgano en varias ocasiones.
La designación de los nuevos 20 vocales del CGPJ, que además volverán a tener dedicación exclusiva, desplazará durante cinco años la limitación impuesta en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el pasado mes de marzo para que el órgano de gobierno de los jueces no puedan hacer nombramientos. Por este motivo, también se considera urgente la renovación de este órgano, ya que en junio de 2022 expira el mandato de otros cuatro miembros del Tribunal Constitucional, de los cuales dos de ellos son elegidos por el Consejo y los otros dos por el Gobierno. Según explican las fuentes jurídicas consultadas si el CGPJ sigue entonces en situación de interinidad, y con sus funciones restringidas, la designación directa del Ejecutivo en el tribunal de garantías podría verse también bloqueada, y por tanto demoraría el relevo de los puestos que ahora mismo ocupan dos magistrados del bloque conservador, sin poder equilibrar la balanza del sector progresista.
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