El año en el que ETA dejó las armas y los abertzales volvieron a la política

  • El 20 de octubre de 2011 pasará a la historia como el día en que ETA anunció su renuncia definitiva a la violencia. Justo un mes más tarde, en las elecciones generales del 20N, la izquierda abertzale, reencarnada en la coalición Amaiur, regresó al Congreso de los Diputados después de 15 años de ausencia.

Laura Camacho y Enrique Rodríguez de la Rubia

Madrid, 12 dic.- El 20 de octubre de 2011 pasará a la historia como el día en que ETA anunció su renuncia definitiva a la violencia. Justo un mes más tarde, en las elecciones generales del 20N, la izquierda abertzale, reencarnada en la coalición Amaiur, regresó al Congreso de los Diputados después de 15 años de ausencia.

El 2011 comenzó con un comunicado de la banda que, el 10 de enero, declaró un alto el fuego "de carácter general", anuncio al que siguieron otros nueve pronunciamientos hasta el del "cese definitivo" de su actividad armada.

La banda decía adiós a 51 años de historia terrorista, en los que ha asesinado a 858 personas, entre víctimas de atentados de la propia ETA y de otros grupos escindidos de la organización terrorista, como los Comandos Autónomos Anticapitalistas.

El final de la violencia ha llegado en un año marcado por la extrema debilidad de los terroristas, asfixiados por la presión de las fuerzas de seguridad que en los últimos años han descabezado hasta en seis ocasiones sus cúpulas dirigentes, sin olvidar que la banda tiene a más de 700 de sus miembros en prisión.

Solo en 2011 han sido detenidos medio centenar de personas por su presunta relación con ETA.

Sin una dirección clara en sus aparatos militar y político -Ekin, su estructura política, se disolvió en septiembre-, ETA ha perdido progresivamente su capacidad para atentar a consecuencia de los golpes policiales a sus arsenales, el último el descubrimiento la semana pasada de un zulo en Vizcaya donde la Ertzaintza halló 40 kilos de material para fabricar bombas.

A esta merma en sus capacidades se unió la pérdida de una de sus mayores fuentes de ingresos, el denominado "impuesto revolucionario", que dejó de recaudar en abril.

En paralelo, este año también ha sido el de la irrupción de la izquierda abertzale en el escenario político, al que vuelve con fuerza con las marcas de Bildu y Amaiur.

La primera coalición, integrada por Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y abertzales independientes, logró convertirse en la fuerza política con más concejales en el País Vasco, después de que el Tribunal Constitucional revocara la prohibición del Supremo de que participara en los comicios municipales de mayo.

Un apoyo electoral que precedió a la victoria histórica que el pasado 20N consiguió Amaiur un mes después del anuncio de ETA. La formación de la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar logró 7 escaños, seis en Euskadi y uno en Navarra.

La coalición soberanista volverá así al Congreso después de quince años, ya que los dos diputados que logró Herri Batasuna en 1996 no llegaron a tomar posesión de sus cargos.

Inmersa en la batalla política durante este año, la izquierda abertzale también ha marcado el paso a ETA y ha culminado su estrategia de imponer el cese de la lucha armada, un camino iniciado en 2009 con la declaración de Alsasua, en la que por primera vez habló del final de la violencia.

Dos años después, la escenificación de esta apuesta por el uso de las vías políticas tuvo lugar en San Sebastián el 17 de octubre en una conferencia que reunió a exmandatarios internacionales y cuya declaración final pidió a ETA lo mismo que 72 horas después comunicarían tres encapuchados: el cese definitivo de la violencia.

En este tiempo, y especialmente en 2011, los abertzales han exigido cada vez de forma más clara que ETA desaparezca y hasta el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi llegó a decir en julio que la estrategia militar "sobra y estorba".

Precisamente, el colectivo de presos etarras ha sido una de las piezas claves para llegar a la situación actual y sus perspectivas centrarán el nuevo tiempo.

Ya en enero, con el alto el fuego, los reclusos iniciaron un debate interno, no exento de discrepancias, que dio como resultado su adhesión en septiembre al Acuerdo de Gernika, suscrito por la izquierda abertzale, EA, Aralar y Alternatiba, y que reafirmaba su apuesta por un final de la violencia.

Un 90 por ciento de los casi 800 reclusos del colectivo de presos de ETA (EPPK) se sumó al documento, que pedía el reconocimiento "de forma inmediata y sin contrapartidas" de los derechos de los internos, algo que incluso llegó a plantear el lehendakari Patxi López al proponer en septiembre un "acuerdo para la concordia".

A esta petición han seguido en noviembre la demanda de beneficios penitenciarios individuales de un pequeño número de reclusos que han cumplido las tres cuartas partes de la condena y la solicitud de "acercamiento" al País Vasco y Navarra que el EPPK en bloque formuló el pasado sábado.

Será el PP el que tenga que gestionar estas exigencias, sobre las que el futuro presidente, Mariano Rajoy, ya ha asegurado que no aceptará concesión alguna a ETA para que se disuelva y entregue las armas, un paso que la banda afirma tener en su agenda pero hacia el que todavía no ha dado el paso definitivo.

Quizá por ello todavía la mitad de los españoles, según la última encuesta del CIS, no acaba de creerse que estemos ante el verdadero final del terrorismo. EFE

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(Fototeca: Cod/Ref: 4612496, 5104044 y 5110758)

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