La aprobación de los Presupuestos y la apuesta que supone por parte del Gobierno a favor de una mayoría basada en grupos parlamentarios de izquierda independentista (ERC y Bildu), bloquea las opciones para hacer una reforma clara de la Constitución Española (CE) a lo largo de toda la legislatura y aboca a la Carta Magna a recibir parcheos parciales de menor alcance a corto plazo. Esa es la conclusión que mantienen algunos de los principales constitucionalistas españoles, a pesar de que todas las encuestas, incluido el propio Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), demuestran que casi siete de cada diez ciudadanos españoles creen que es necesario reformar la Constitución después de cuatro décadas, para adaptarla a la nueva realidad política, económica y social que vive España.
Recuerda un constitucionalista ya emérito que cuando hace casi 20 años se planteaba la necesidad de ir revisando la Constitución, saltaban todas las alarmas de quienes veían en peligro el consenso político sobre el que se gestó dos décadas antes, y les tachaban de agoreros. Ahora, en plena era de internet, tras pasar las peores crisis conocidas, con la globalización y la inmigración a cuestas, y el resurgimiento de las tensiones independentistas internas, entre otras realidades sociales y económicas nuevas, reformar la ley básica de nuestro Estado se ha convertido en una patata aliente a la que nadie quiere meter mano con decisión.
Todos los expertos coinciden en la imposibilidad real a corto y medio plazo de que las fuerzas políticas de la derecha y la izquierda se pongan de acuerdo para alcanzar una mayoría de dos tercios en el Congreso (233 votos) que permita hacer una reforma global de la norma fundamental del Estado. “Ya no es solo que mientras dure el estado de alarma no se pueda hacer ningún cambio constitucional, es que ese acuerdo previo necesario es imposible en el momento político que vivimos”, asegura un experto constitucionalista con experiencia en el ámbito político.
Más allá de cuestiones como el régimen de la Corona o la normativa electoral y de formación de Gobierno, desde el ámbito académico se advierte que el mayor problema que se presenta ahora es redefinir el ámbito autonómico, tanto en el aspecto territorial como en el de la financiación. Eso supondría cambiar sobre los artículos 148 y 149 de la Constitución, cuyo reparto competencial ha sido superado con creces por la realidad autonómica desde hace décadas.
El catedrático de derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares, Alfonso García Moncó, que la superación de esa situación autonómica se puede ver superada por la vía de los hechos, sobre todo mediante la reforma de los diferentes estatutos de autonomía, sobre todo cuando se impone en algunos de ellos la bilateralidad de las relaciones con el Estado, de forma que ese tipo de acuerdos de máximos en algunas competencias o sobre el esfuerzo fiscal de un territorio concreto se intenten imponer al resto de las comunidades. “Es una forma de avanzar en el desarrollo autonómico por la vía de los hechos, sin tocar la Constitución, pero con normas siempre impugnables ante el Tribunal Constitucional”, como ya ocurrió en el caso de la reforma fallida del Estatuto catalán en el año 2011.
Mientras el bloqueo político cercena cualquier reforma global de la Carta Magna ante la imposibilidad de poner en marcha el sistema reforzado del artículo 168 que lo establece (acuerdo de dos tercios, convocatoria de elecciones y referéndum posterior), todo apunta a modificaciones parciales. El catedrático emérito de Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral, apunta a que hay una docena de cambios que pueden llevarse a cabo para agilizar la política diaria y armonizar la situación sin llegar a catarsis ni guerras entre autonomías o entre partidos. No dejarían de ser “reformas encubiertas hechas a base de buena voluntad”, pero servirían para aliviar las críticas a ciertos aspectos sobre la Corona, al sistema de elección de presidente o a la normativa electoral, entre otros aspectos, que pueden haber quedado completamente obsoletos si nos atenemos a su regulación literal en la Constitución.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado partidario de dejar aparcada por el momento una reforma amplia de la Constitución, ante la necesidad de gestionar ahora la salida de la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus. Por un lado, pese a las presiones que recibe desde sus socios de coalición de Unidas Podemos, por un lado, y de los nuevos socios presupuestarios de ERC y Bildu, que no dudan en atacar a la monarquía en cuando encuentran un resquicio para ello, desde Moncloa se mantiene un respeto absoluto a la figura del Jefe del Estado, el rey Felipe VI. Por otro lado, el ejecutivo de Sánchez está dispuesto a llevar a cabo una nueva reforma de la financiación autonómica que sirva de base para definir un modelo territorial más federalista, unos cambios que habría que congeniar con un nuevo texto constitucional más a largo plazo, pero nunca antes de la próxima legislatura.
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