La decisión e la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea que concede inmunidad a Oriol Junqueras desde el mismo día en que se votaron las elecciones europeas, va a complicar de forma importante la decisión posterior que debe tomar el Tribunal Supremo al respecto. Si bien en un primer análisis parece claro que los magistrados de la Sala Penal del Supremo, con Manuel Marchena a la cabeza, ratificarán la sentencia del procés como firme y dejarán a Junqueras en prisión, un posicionamiento de los abogados del Estado a favor de las tesis de ERC puede servir a las defensas del político catalán para justificar su petición de nulidad del fallo o evitar que el Parlamento Europeo conceda el suplicatorio (petición de suspensión de la inmunidad por estar condenado) necesario para dejar en la cárcel a Junqueras sin problemas.
Después de la reunión maratoniana que los abogados del Estado mantuvieron este lunes sin llegar a un acuerdo, no es probable que haya un pronunciamiento al respecto antes del próximo viernes. Los letrados ya reconocieron en el mes de junio, ante la proclamación oficial de Junqueras como eurodiputado, la necesidad de dejarle salir de la cárcel para que recogiera su acta, a la vista de que le asistía para ello el derecho y la inmunidad que el cargo conlleva.
Con ese precedente, fuentes jurídicas cercanas a ese órgano advierten que la Abogacía tiene sobre la mesa en este momento dos opciones: por un lado, pedir la revisión de la sentencia y plantear la nulidad de las actuaciones; y, por otro lado, reconocer la inmunidad generada antes de que se dictase sentencia, lo que supondría que se debería dejar salir de la cárcel a Junqueras de la cárcel para recoger su acta, aunque después se le aplique la sentencia en firme que pesa sobre él y haya que meterle de nuevo en prisión.
Mientras la opción de plantear una revisión de la sentencia es muy poco probable, desde el ámbito de la Abogacía del Estado se da por hecho que, como ya hicieran hace seis meses, se plantee la necesidad de reconocer la inmunidad del político catalán y su salida de la cárcel para que tome posesión de su cargo, sea en Madrid o sea en Estrasburgo. A partir de ahí, lo que se complica es la decisión del Supremo, dado que a los ojos de las instancias europeas, se habría dictado una sentencia en octubre sobre una persona que desde mayo o junio disponía de inmunidad frente a ello, una inmunidad que ahora contaría además con aval de la Abogacía del Estado español.
"Se plantea un problema de procedibilidad sobre el condenado, dado que no queda claro si el Supremo estaba legitimado o no para dictar esa sentencia desde el punto de vista procesal, por más fuerza que tenga la sentencia firme posterior", advierte un experto en este tipo de operativa. Si bien la situación puede parecer clara desde el punto de vista del derecho interno español, el problema puede surgir cuando, tras reconocer la inmunidad de Junqueras desde antes del fallo, se pida ahora al Parlamento Europeo mediante un suplicatorio que retire esa inmunidad porque el diputado ha sido condenado en España cinco meses después de salir elegido.
La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y el respaldo de la Abogacía del Estado son dos armas que puede aprovechar con fuerza la defensa de Junqueras para, cuando menos, evitar la concesión de ese suplicatorio. Incluso para exigir la suspensión de la condena al eurodiputado de ERC. Este hecho planea sobre la decisión del Supremo que, si bien todo apunta a que se va a ratificar en su sentencia firme, pese al error de no pedir con anterioridad el suplicatorio. "¿Qué pasaría si eso ocurre a nivel interno y se condena a un senador español sin pedir el correspondiente suplicatorio al Senado?", se preguntan desde el ámbito académico.
Junqueras puede pasar a ser "la víctima"
Otras fuentes judiciales consultadas aseguran que, una vez mandada la cuestión prejudicial al TJUE, lo lógico habría sido esperar a su decisión antes de publicar la sentencia sobre el procés, aunque eso supusiera que Junqueras y algunos de los reos salieran de la prisión preventiva en la que estaban. En ese lapso de acontecimientos, se les habrían respetado todos sus derechos y, una vez emitida la sentencia, habrían entrado de nuevo en la cárcel para cumplir su condena, sin ningún error procesal.
Al contrario, los expertos señalan que ahora, "a Junqueras le cabe incluso considerarse como víctima del proceso y beneficiarse del Estatuto Personal de las Víctimas", para plantear su liberación y la nulidad de la sentencia, algo que estaría muy reconocido en sendas directivas europeas y que ha sido traspuesto el derecho español.
Lo que todos los expertos consultados aseguran y que también deberá tener en cuenta el Supremo en su decisión es que, en un enfrentamiento legal con Junqueras tras los posibles errores cometidos en la instrucción, el político acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde es más que probable que se condena a España por no haber respetado los derechos del procesado, aunque haya sido condenado en firme. Esa posible sentencia contra España, que no tienen impacto directo sobre el ordenamiento interno, si supone un serio varapalo para la reputación y el posicionamiento político del Estado en Europa y, además, puede suponer el pago de indeminizaciones millonarias a Junqueras.
Con todo ese bagaje jurídico sobre la mesa, desde el entorno del Supremo aseguran que la decisión final, por rápida que se quiera tomar, no es fácil que se obtenga antes de la fiesta de Reyes, un momento en el que, si la Abogacía apoya las tesis de Junqueras a finales de esta semana, ya habrá sido investido Sánchez y tendremos un nuevo Gobierno de coalición PSOE-UP, con el apoyo de los independentistas de ERC, que una de las primeras cosas que debe hacer es nombrar un nuevo Consejo General del Poder Juducial (CGPJ) y sustituir a Carlos Lesmes al frente del Supremo.
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