Viernes, 22.06.2018 - 16:45 h
El principal escándalo de corrupción que afecta al PSOE

El archivo de los primeros casos ERE amenaza con reducir la causa al mínimo

La instructora, María Núñez, confirma su criterio de cerrar las piezas sobre las ayudas públicas a empresas en las que no cobraron falsos empleados

La juez María Núñez Bolaños y la juez Mercedes Alaya
La juez María Núñez Bolaños, instructora del caso ERE  y su antecesora, Mercedes Alaya.

En la Audiencia de Sevilla se sientan desde el pasado diciembre como acusados dos presidentes de la Junta -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y otros 20 exconsejeros y ex altos cargos del gobierno andaluz por la pieza política del caso ERE. Pero un escalón judicial más abajo, en el juzgado que instruye la causa -el de Instrucción número 6 de Sevilla-el principal caso de corrupción  nacido en una administración gobernada por el PSOE comienza a menguar.

Con el archivo el pasado miércoles de dos piezas relativas a dos despidos colectivos concretos -Azucareras Reunidas de Jaén y Centro Geriátrico de Obispado de Cádiz- la juez que sustituyó a Mercedes Alaya en la instrucción de la causa, María Núñez, confirma su criterio avanzado hace año y medio: que en las ayudas concedidas a empresas incursas en este tipo de expedientes en las que no cobraron personas ajenas a ellas no se cometió ningún delito.

Núñez ya sobreseyó en octubre de 2016 la pieza relativa a la azucarera jiennense aplicando ese mismo argumento, pero la Audiencia de Sevilla le obligó a reabrirla. El miércoles confirmó que las ayudas concedidas por la Junta a esa empresa para prejubilar a 57 trabajadores de entre 50 y 54 años se solicitaron por parte de la empresa "porque se consideran justas y adecuadas" y se destinaron "a la finalidad para la cual se solicitan", es decir, a los empleados afectados.

Confianza en la administración

Para la instructora, la actuación de la administración en el procedimiento de la concesión de las ayudas pudo ser ilegal, pero en ningún caso la de la empresa. Núñez asegura que sus administradores confiaron en la legalidad de la actuación de la Junta.

"Si la administración actúa de forma irregular", mantuvo Núñez en su auto, "de ello no se puede responsabilizar al ciudadano, y menos penalmente por delitos de prevaricación y malversación, salvo que nos conste que dicho ciudadano solicita a sabiendas de su ausencia de derecho y en connivencia con el concedente para obtener la ayuda mediante una resolución injustificada, arbitraria y prevaricadora". El mismo criterio mantuvo en la pieza del Obispado gaditano.

Ambos autos pueden ser de nuevo recurridos ante la Audiencia, pero si se convierten en firmes, provocarán, previsiblemente una cascada de archivos respecto a casos similares que también se están investigando en los que el dinero, aunque fuera concedido al margen del procedimiento administrativo previsto, fue a parar a empresas que tenían derecho a los fondos públicos, fondos que repartieron entre sus trabajadores, y no a personas ajenas a la plantilla o a falsos empleados.

'Non bis in idem'

El archivo de las dos causas decidido esta semana y que sienta un precedente básico para los más de 190 casos concretos que se han investigado en los últimos siete años, se une a la decisión que la Sala séptima de la Audiencia de Sevilla tomó en julio del año pasado, en la que establecía que no se podía juzgar más de una vez por los mismos hechos a los principales altos cargos implicados (ahora en juicio oral en la pieza del procedimiento específico). 

Fuentes jurídicas cercanas al caso han advertido que tanto el archivo de los casos que no tengan intrusos, como la aplicación del principio de "non bis in idem" en el caso de los altos cargos, puede dejar la macrocausa de los ERE en la mínima expresión, dado que con el procedimiento básico de concesión de las ayudas que ahora se juzga, se evita juzgar lo mismo y a los mismos imputados en cada caso y las causas se quedan sin efectos. 

Todos los expedientes a empresas abiertos e investigados por la juez Núñez Bolaños acumulan casi 300 investigados, de los que algo más de 120 son los testaferros o intrusos, a quienes se introdujo entre las listas de beneficiarios de ayudas sin tener derecho a ello, incluso sin pertenecer a la empresa en muchos de los casos. Aunque las cifras varían, se estima que de los casi 800 millones que se repartieron en ayudas desde la Junta de Andalucía, apenas 12 millones fueron a parar a esos intrusos. 




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