El asesinato de Lucía Garrido, 11 años de investigación y numerosas incógnitas

Manuel Alonso, el exmarido de Lucía Garrido Palomino, este miércoles durante el juicio. EFE
Manuel Alonso, el exmarido de Lucía Garrido Palomino, este miércoles durante el juicio. EFE
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El cuerpo de Lucía Garrido, de 35 años, apareció flotando sin vida en la piscina de su finca Los Naranjos en Alhaurín de la Torre (Málaga) el 30 de abril de 2008 con signos de haber sido asesinada, un complicado caso por el que se juzga a cuatro hombres. Entre los encausados se encuentran su exmarido y dos guardias civiles como presuntos implicados. 

Las sesiones, que arrancaron el pasado miércoles y se prolongarán hasta la próxima semana, cuenta con muchas aristas desde la muerte, 11 años en los que el caso ha sido archivado y reabierto en varias ocasiones.

En 2008 fue archivado por falta de pruebas y reabierto en 2012, aunque en 2014 -tras recibir un escrito anónimo- el Juzgado de Violencia de Género pidió a la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil que se ocupara de su investigación, ya que el referido texto manifestaba el vínculo entre la expareja de Garrido y varios guardias civiles.

El anónimo, que mostraba la sospecha de tráfico de animales exóticos por parte de los supuestos implicados, llevó hasta un entramado de negocios ilícitos. El exmarido, según la Fiscalía, estaba "en connivencia" con personal del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la compraventa de animales exóticos.

El ministerio público señala que también estaba envuelto en asuntos de tráfico de drogas y que la finca se convertiría en una "guardería o almacén" de sustancias estupefacientes. Esta utilidad dada a la finca se producía mientras Lucía Garrido vivía -junto a su hija- allí, por lo que fue testigo directo y presencial de las referidas actividades, cuestión que algunos testigos han identificado como móvil principal de su asesinato al conocer mucha información.

Los acusados prestaron declaración el pasado miércoles en la vista y hasta el fin del juicio serán más de 80 personas las que prestarán su testimonio entre testigos y peritos para esclarecer este caso. 

Según la Fiscalía, el asesinato de Lucía Garrido fue concertado con el autor material (ajeno a los negocios de tráfico de animales exóticos) por una cantidad determinada y este fue identificado después de que en 2016 se efectuasen nuevos análisis biológicos a una llave encontrada en la finca que ofrecieron su perfil de ADN.

Algunos testigos sufrieron amenazas por parte del supuesto autor material y de uno de los guardias civiles procesados. Además, agentes del cuerpo nacional de policía informaron de que alguien buscaba a un testigo protegido para matarle, lo que se confirmó en marzo pasado en Colombia. Otro testigo con nueva identidad, que debía ofrecer declaración en el juicio en marcha, desapareció a los pocos días sin haber sido localizado aún.

Durante la declaración de las partes, uno de los abogados de la acusación particular, ejercida por la madre, hermana e hija de la víctima, ha comparado la muerte de Lucía Garrido -encontrada con golpes en la cabeza y un corte en la yugular- con un asesinato de película y ha asegurado que se trata de uno de esos casos "que ponen los pelos de punta".

En la última sesión uno de los agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil reconoció que actualmente se sigue tratando de identificar a otro sospechoso del asesinato, cuyo ADN también estaba impregnado en la llave que se encontró en la finca tras el crimen, y que aún no han conseguido identificar.

La tesis de la investigación sostiene que el asesino o asesinos usaron dicha llave, que les fue facilitada para entrar a la finca, con el fin de abordar por sorpresa a Lucía, un objeto que perdieron durante el forcejeo con la víctima, por lo que quedó oculto tras una tinaja en el suelo de la propiedad.

Un agente de Asuntos Internos de la Guardia Civil considera que el móvil del crimen era eliminar a Lucía Garrido por la información que conocía sobre los referidos negocios ilícitos y que así se obtendría un doble beneficio: que no fuera testigo y recuperar la propiedad para continuar con la actividad ilegal de "guardería de droga".

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