Vigo.- La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha autorizado a Jacobo Piñeiro Rial -autor confeso del doble crimen de la calle Oporto- a realizar las presentaciones ante el juzgado de guardia de Cangas do Morrazo, localidad donde reside, de lunes a viernes, siempre que no sea festivo.
Según informaron hoy fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), las comparecencias correspondientes a los sábados, domingos y días festivos en la localidad de Cangas "deberán seguir realizándose" en el juzgado de guardia de Vigo.
El propio abogado de Jacobo Piñeiro había solicitado la autorización para que su defendido compareciese en Cangas, localidad donde reside, en lugar de en Vigo.
El auto de la sección quinta de la Audiencia recuerda que ni el Ministerio fiscal ni la acusación particular se opusieron a la solicitud de Jacobo Piñeiro de realizar las comparecencias en Cangas.
Jacobo Piñeiro Rial, autor confeso de la muerte de dos gays en un piso de la calle Oporto de Vigo, quedó libre el pasado 13 de julio después de que la sección 5 de la Audiencia Provincial, con sede en la ciudad olívica, decretase su libertad.
Desde su salida de la cárcel pontevedresa de A Lama, Piñeiro acudía a firmar a la sede viguesa de la Audiencia Provincial, tal y como establece el auto judicial, que le obliga a comparecer diariamente ante la justicia mientras no se celebre un nuevo juicio.
La decisión judicial de dejar en libertad a Piñeiro se produjo a la espera de que se celebre un nuevo juicio contra el acusado, que también está implicado en delitos de incendio y hurto.
Jacobo Piñeiro se encontraba en la prisión de A Lama desde el 13 de julio de 2006, por lo que el día de su puesta en libertad se alcanzó el plazo máximo de prisión provisional que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Según la comunicación de la Audiencia, el asesino confeso de los jóvenes gays Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson Luciano debe comparecer ante la justicia todos los días mientras no se celebre de nuevo el juicio contra él, y también debe entregar el pasaporte para evitar que abandone el territorio nacional.
Finalmente no se atiende, por tanto, la propuesta de la acusación y del fiscal para que se le dotará de una medida de vigilancia telemática, y según la decisión de la Audiencia "se solicitará del Director General de la Policía Nacional y la Guardia Civil que dé las órdenes precisas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a su mando para que cuiden de que el imputado cumpla de manera estricta con la anterior prohibición" de abandonar el territorio nacional.
El asesinato de los jóvenes se produjo en un piso de la calle Oporto, en julio de 2006. El detenido, que confesó la autoría, había sido exculpado por un jurado popular de los delitos de homicidio, alegando que actuó en legítima defensa, y únicamente se le condenó por el incendio de los cuerpos y la vivienda, por lo que se le impuso una pena de 20 años de prisión.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia decretó la celebración de un nuevo juicio, tras anular el veredicto inicial, pero mientras no se celebre el imputado debe quedar en libertad.
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