El AVE a España vuelve al debate político en Portugal

Lisboa.- Las grandes inversiones lusas en obras públicas, como el tren de alta velocidad con España, han vuelto al debate político por la crisis económica y la desconfianza de los mercados que sufre Portugal, obligado a reducir el gasto del Estado.

Desde el Ejecutivo del socialista José Sócrates se reclamó hoy el derecho "a gobernar", mientras la oposición conservadora arrojaba nuevas críticas y dudas sobre la conveniencia de seguir adelante con esa y otras grandes y costosas infraestructuras, como el futuro aeropuerto de Lisboa.

El ministro de Economía luso, José Antonio Vieira da Silva, recordó que es el Ejecutivo el que debe gobernar y ponderar las medidas a ejecutar en el ámbito de las finanzas y las obras públicas.

El titular de Economía hizo esas declaraciones como reacción a la oposición de varios ex ministros de Finanzas y del presidente de la República, el conservador Aníbal Cavaco Silva, a las inversiones previstas en infraestructuras públicas dada la coyuntura económica en la que se encuentra Portugal.

Vieira da Silva recordó que el Ejecutivo ya ha presentado un Programa de Estabilidad y Crecimiento (PEC) a Bruselas en el que se ha replanteado la inversión y el gasto público para cumplir la meta de reducir el déficit del Estado desde el actual 9,4 por ciento a menos del 3 en 2013.

El Gobierno ha presentado unos Presupuestos para 2010 y un PEC "orientados a la recuperación de las finanzas públicas, pero sin dejar de tener en cuenta que el gran desafío de la economía portuguesa es el crecimiento", aclaró Vieira da Silva.

El ministro argumentó que "Portugal tiene una situación de desempleo elevada y crecimiento económico bajo" y necesita "un componente de inversión".

Entretanto Cavaco Silva, que varias veces ha cuestionado el gasto previsto por los socialistas en infraestructuras, recibió hoy al líder demócrata cristiano, Paulo Portas, para exponer al jefe de Estado sus "preocupaciones y dudas" sobre esas inversiones en la situación financiera del país.

Portas, que preside la tercera formación con más representación en el Parlamento -con 21 diputados del total de 230 escaños- lamenta la envergadura de la deuda de las empresas del Estado y propone que su ejecución se someta a un debate en el Parlamento.

Pero en el Partido Socialista (PS) se recuerda que en la campaña electoral del año pasado los conservadores defendieron la suspensión de esas inversiones y perdieron los comicios.

El PS, que también se quedó sin mayoría absoluta en las legislativas de septiembre pasado y gobierna con un ejecutivo en minoría, podría tener un apoyo condicionado de la izquierda marxista si finalmente se produce un debate en el Parlamento.

El secretario general del Partido Comunista de Portugal, Jerónimo de Sousa, garantizó que apoyará con sus votos el tren de alta velocidad (que costará unos 9.000 millones de euros y estará concluido hacia 2017) siempre que suponga la modernización de la línea ferroviaria y se acometa con inversión pública y producción nacional.

"Necesitamos crear más riqueza y crear más empleo a través de más inversión pública que suponga crecimiento para la economía", dijo De Sousa.

El Gobierno de José Sócrates anunció la pasada semana nuevas medidas de contención del gasto público para ajustar las cuentas portuguesas y conseguir que el déficit estatal baje este mismo año al 8,3%.

Entre las iniciativas que llevará a cabo el Ejecutivo socialista se encuentra la revisión de las inversiones en obras públicas pero aseguró que en ningún caso afectarán al ferrocarril de alta velocidad Lisboa-Madrid y Oporto-Vigo, ni al futuro aeropuerto de Lisboa, que debería entrar en funcionamiento hacia 2018.

Por ahora sólo se ha licitado y adjudicado el primer tramo del ferrocarril de alta velocidad, entre las afueras de Lisboa y la frontera con Extremadura, que tendrá un costo de 1.359 millones de euros.