Domingo, 16.12.2018 - 01:19 h
Polémica por las puertas giratorias

El bufete que fichó a Catalá contrata al abogado del Estado clave en renovables

El despacho Herbert Smith incorpora a José Ramón Mourenza, jefe de la abogacía del Estado en el área de Energía 

España se enfrenta a decenas de reclamaciones por el recorte a las renovables.
España se enfrenta a decenas de reclamaciones por el recorte a las renovables. / Solares de Navarra

Hay tentaciones que son difíciles de vencer. Por ejemplo, cobrar más por hacer lo mismo. Probablemente eso es lo que le va  a suceder al ya exjefe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Energía -hoy de Transición Ecológica-, José Ramón Mourenza, una pieza clave en la defensa del Reino de España en los tribunales internacionales por los recortes a las renovables. Mourenza ha sido fichado por el bufete Herbert Smith Freehills, según han confirmado fuentes de la Administración. Herbert Smith asesora al Estado desde 2011 en los pleitos renovables. Hace apenas unos días se conoció que el bufete también quiere contar con los servicios del exministro de Justicia, Rafael Catalá.

El fichaje de José Ramón Mourenza por Herbert Smith alimenta la polémica que rodea al cuerpo de abogados del Estado, altos funcionarios que no tienen incompatibilidad en la excedencia y pueden ir y venir del sector privado sin demasiadas trabas. Muchos -llegó a haber hasta un 40% del cuerpo en excedencia- han sido contratados en los últimos años para pleitear contra el Estado de cuya élite forman parte.

En principio no va a ser el caso de Mourenza. Al menos de momento. Sus nuevos patronos de Herbert Smith tienen un contrato con el Estado desde 2011 -fue renovado en enero de este año por el antiguo Ministerio de Energía que dirigió Álvaro Nadal-para asesorar y colaborar con la Abogacía del Estado en alguno de los pleitos interpuestos contra España en organismos internacionales de arbitraje.

El pleito de Estocolmo

Mourenza tiene experiencia sobrada. Entre otros casos, participó en uno de los pocos  triunfos que ha tenido el Estado en la defensa de los recortes a las renovables. Fue en 2016 y ante la Cámara de Arbitraje de Estocolmo. Mourenza, junto a otros dos compañeros, y con la asesoría de Herbert Smith, tumbaron la reclamación de dos filiales de Isolux  por importe de 17 millones de euros.

El bufete Herbert Smith, especializado en fusiones, adquisiciones y en el asesoramiento de operaciones internacionales, sigue reforzándose con fichajes de altura. El último, hasta la incorporación de Mourenza, había sido el exministro Catalá. Las dos contrataciones alimentan el debate sobre las puertas giratorias en la política y en la Administración.

Lo hacen en un momento clave, cuando el nuevo Gobierno se está replanteando la estrategia de defensa en los pleitos renovables. El Reino de España se enfrenta a una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes a las primas renovables aplicados a partir de 2010. La mayoría de los pleitos se han interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial con sede en Washington. El aluvión de demandas ha obligado al Estado a realizar un importante esfuerzo para la defensa en recursos económicos y humanos.

La factura para el Estado es elevada. Se han gastado ya 50 millones, según fuentes de la Administración, y los resultados no son buenos.El Estado ha perdido en el Ciadi ante los fondos Eiser (condena de 128 millones), Masdar (condena de 64 millones) y Antin (112 millones) y se ha salvado por los pelos en otra demanda -anulada- que perdió en la Cámara de Comercio de Estocolmo a favor del fondo Novoenergía. . España aún no ha pagado el importe los fallos del Ciadi -que no admiten recurso-. Pero el tiempo corre.

Contra la élite del derecho

La Abogacía del Estado se enfrenta en las demandas del Ciadi a lo más selecto de la abogacía internacional. Cinco grandes despachos, con el británico Allen & Overy a la cabeza, dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el órgano de arbitraje del Banco Mundial. En Allen & Overy también trabaja otro abogado del Estado: Antonio Vázquez Guillén, aunque en este caso no precisamente para defender al Reino de España.

Las demandas en el Banco Mundial son un auténtico quebradero de cabeza para el nuevo Gobierno y para la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. Como es lógico, los inversores que han ganado demandas no cejan en el su empeño de cobrar. Los fondos Eiser, Antin y Novoenergía han recurrido a la justicia de EE UU para que tome medidas y asegure con bienes del Estado español en el país el cobro de sus demandas.

Ante la presión, la Administración española, según informó en su momento 'El Periódico de la Energía', ha tenido que contratar a toda prisa al bufete estadounidense Foley Hoag para defender los intereses del Estado español en EEUU. La factura ascenderá, de momento, a 600.000 dólares. El panorama no es bueno y, por ello, el Gobierno está buscando fórmulas para apoyar la labor de los abogados del Estado, así como para mejorar la gestión de los recursos humanos y materiales en los procesos.

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