Los agricultores están de enhorabuena. El Congreso ha aprobado una norma, la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía, que recoge una reclamación histórica de los regantes. En lugar de pagar durante todo el año un peaje fijo por el servicio eléctrico, tendrán la posibilidad de firmar dos contratos. Uno, con una mínima potencia, para mantener los equipos y otro para los meses de máximo consumo. Las eléctricas están que trinan. El apoyo a los regantes, que en conjunto son el segundo consumidor de electricidad del país después del gestor ferroviario Adif, puede suponer un mordisco de hasta 100 millones para los ingresos regulados del sistema.
La enmienda de los 100 millones -según cálculos de las compañías- va acompañada de otra medida que convierte al campo en la punta de lanza de la penetración renovable en España. La norma recoge que el Gobierno "fomentará inversiones para la mejora de la eficiencia energética en los regadíos y maquinaria agrícola y la sustitución de fuentes convencionales por fuentes renovables (...) incluyendo instalaciones de autoconsumo, tanto eléctrico como térmico, así como uso de combustibles alternativos". Se abre la posibilidad de que desaparezca el peaje conocido como 'impuesto al sol' en los sectores electrointensivos o estacionales.
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) se felicita por la aprobación de la ley, pero recuerda el dicho atribuido al Conde de Romanones -"Ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento"-. "Habrá que ver cómo se articulan las enmiendas aprobadas y cómo queda la letra pequeña del desarrollo de la ley", explica un portavoz de la federación. Pero el alivio es evidente.
Aumentos del 1.000%
Los agricultores reclamaban las nuevas tarifas prácticamente desde que se suprimieron las tarifas especiales en 2008. Desde entonces, sostiene Fenacore, el término de potencia se ha incrementado en más de un 1.000%, lo que ha provocando que el aumento medio de la factura haya sido superior al 100%. La consecuencia ha sido que buena parte de los sistemas de riego modernizados, que ahorran agua pero necesitan más energía, son más un problema que una solución.
Con las enmiendas aprobadas en la Ley de Medidas contra la Sequía, el sector agrícola se convierte en la punta de lanza del desarrollo de las energías renovables en España y, especialmente, de la energía solar fotovoltaica. La agricultura y el regadío concentran ya más del 25% de las plantas fotovoltaicas para autoconsumo según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
Es una tendencia difícil de parar aunque persisten las trabas administrativas. De hecho, el presidente de la Federación Española del Vino, Miguel Agustín Torres, presidente de Bodegas Torres, llegó a criticar en público la escasa sensibilidad del Ministerio de Energía para facilitar el autoconsumo en el sector.
La Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía contiene también otra medida que escuece a las eléctricas y en especial a Endesa e Iberdrola: la subida del canon hidráulico que pagan las compañías del 22% al 25,5%. El canon -recurrido por las empresas en el Supremo- se implantó en 2013 para gravar el valor económico de la electricidad producida. En 2017 se elevó al 25,5% para recaudar hasta 235 millones anuales, una medida que fuentes de las empresas afectadas tachan de "oportunista" y que ahora se consolida.
Enmiendas sin apoyo
Las medidas a favor de los regantes y el canon hidráulico formaban parte de un paquete mayor de enmiendas a la Ley impulsadas por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en el Senado. Parte de ellas, como el recorte de la retribución a las redes de distribución de gas y de electricidad, fueron retiradas por la falta de apoyos parlamentarios aunque Nadal mantiene que intentará tramitarlas a través de una proposición de ley en el Congreso.
La Ley recién aprobada recrudecerá el enfrentamiento de Nadal con el sector y en especial con Iberdrola. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán es la que más abiertamente se opone a los planes ministeriales, desde el control de cierre de centrales al desmantelamiento de las nucleares, pasando por el canon hidráulico.
Endesa, aunque también afectada, tiene una actitud más conciliadora. El consejero delegado de Enel, Francesco Starace, y la cúpula de su filial Endesa reunieron la pasada semana en Madrid a la dirección de la empresa para explicarles que su estrategia pasa por hacer la paz con el Gobierno tras los choques del año 2017 a cuenta de los cierres previstos en centrales de carbón.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios