El caos del PP pone a tiro un adelanto electoral antes de la presidencia europea

La crisis que atraviesa el principal partido de la oposición y el golpe que supone para Pablo Casado, unido a la incomodidad que supone para Sánchez el tener que convocar elecciones a finales de 2023 y disolver las Cortes en plena presidencia europea, han aflorado las opciones de que se prepare un adelanto electoral para el primer semestre del próximo año. La idea reiterada por Moncloa ha sido siempre la de apurar la Legislatura, e incluso plantear los próximos comicios al inicio de 2024, pero fuentes socialistas del ámbito parlamentario advierten que va a ser muy complicado que la Junta Electoral Central lo permita, dado que el mandato vence el 10 de noviembre anterior y, para entonces, ya tienen que estar disueltas las dos cámaras.

Desde el punto de vista jurídico, la normativa marca que el Gobierno debe publicar el decreto con la convocatoria de nuevas elecciones 25 días antes de que expire el plazo de cuatro años desde la fecha de las anteriores, que fueron el 10 de noviembre de 2019. Esa opción coloca al Ejecutivo en la tesitura de tener que sacar el decreto y disolver las Cortes a mediados de octubre, prácticamente en mitad del semestre de presidencia europea de turno por parte de España, con la que Sánchez pretende cerrar por todo lo alto su mandado.

Para saltarse esa norma, se necesita el visto bueno de la Junta Electoral Central (JEC), si bien fuentes jurídicas cercanas a este órgano advierten que ya han señalado al Ejecutivo que su prolongación no va a ser posible y le han marcado el 10 de diciembre de 2023 como fecha tope para celebrar los comicios. Tal y como marca el artículo 42 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en su última versión de julio del año pasado, la cita electoral se debe señalar en los 54 días posteriores a la publicación del decreto de convocatoria, y eso aboca al Ejecutivo a tener que montar todo el periplo electoral en la segunda parte de la presidencia europea.

Mientras esa espinosa cuestión legal se negocia con la JEC, en el seno del PSOE han vuelto a poner sobre la mesa la teoría del adelanto electoral, a la vista de que los problemas de la cúpula del PP y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenazan con prolongarse, al menos, hasta el congreso del partido previsto para el mes de julio próximo, del que no saldrá una solución fácil para Casado si tiene que afrontar un hipotético enfrentamiento con la líder madrileña.

Esa supuesta debilidad de Casado para llegar indemne al primer trimestre del año que viene y los problemas para que los magistrados de la Junta Electoral acepten como excepción a la ley la presidencia de la UE para prolongar el mandato de Sánchez, aunque fuera con un Gobierno en funciones, son dos razones de peso para volver a plantearse un adelanto electoral al primer semestre del año y llegar a la presidencia comunitaria con un Ejecutivo nuevo “y los logros del anterior”.

De Andalucía al 'superdomingo'

El propio Pedro Sánchez recordaba este sábado desde Bruselas que lo que ahora toca es gobernar y repartir los fondos europeos, en lugar de pensar en un adelanto electoral, pero es evidente que las circunstancias han cambiado mucho tras las elecciones en Castilla y León, donde el PP se verá forzado a contar con Vox para gobernar, y la hecatombe que se ha adueñado del partido de Casado por las supuestas comisiones que pudo cobrar el hermano de Isabel Díaz Ayuso por la venta de mascarillas en pandemia. 

Los socialistas cuentan, además, con que el presidente andaluz deberá convocar elecciones a finales de año -vence legislatura en diciembre de 2022-, con el resultado incierto que le puede hacer depender también de Vox, como a Mañueco, y dar una batería mayor de críticas al PSOE por las alianzas del PP con la extrema derecha.

Las fuentes consultadas aseguran que el mayor problema que se puede dar a la hora de convocar unos comicios en el primer semestre del año que viene es la coincidencia que supone con las elecciones municipales y autonómicas que se tienen que celebrar en mayo de 2023 en doce comunidades autónomas. Por una simple regla de ahorro de costes, eso puede obligar a celebrar un ‘superdomingo’ electoral, donde se votaría todo a la vez, y eso supone desorientar mucho a los ciudadanos a la hora de depositar su papeleta, dado que no es lo mismo optar por un Gobierno para la nación que por las variantes que se dan en comunidades y ayuntamientos.