El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama calificó la investigación relacionada con la empresa Arbistar 2.0 como la "mayor estafa piramidal" en inversiones en criptomonedas. Las pesquisas estiman que habría causado un perjuicio económico de más de 50 millones de euros, aunque no se descarta que esta cantidad aumente. Por el momento, ya se han personado en la causa 5.900 perjudicados y va creciendo. Según expuso el magistrado en uno de sus primeros autos sobre este asunto, el número de víctimas puede rondar la cifra 32.000 personas. En este sentido, el líder de la red de inversión, Santiago Fuentes, ha tratado de reducir el número de acusaciones a las que enfrentarse y ha solicitado al juez encargado de la investigación que cada una de ellas justifique el daño supuestamente ocasionado, si bien no ha tenido el éxito esperado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional no ha aceptado la impugnación de "todas y cada una" de las representaciones de los perjudicados en esta causa, que se inició en septiembre de 2020 en un juzgado de Arona (Tenerife). El magistrado de la Audiencia Nacional, que asumió la investigación en abril de 2021, afirma en un reciente auto que las personaciones de las víctimas tienen legitimación suficiente para ejercer como acusaciones particulares, ya que han acreditado indiciariamente la adquisición de las criptomonedas "a través de un mecanismo engañoso arbitrado por los investigados".
En cualquier caso, el juez instructor apunta en su resolución con fecha del pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso La Información, que los perjudicados "deberán acreditar tales extremos" durante la celebración del juicio, ya que "la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los acusados" recae en ellos. De este modo, el magistrado también destaca que el líder de la presunta estafa tendría que haber ido impugnado las casi 6.000 acusaciones en el momento que cada una de ellas ha ido solicitando su personación en el procedimiento. Así, le emplaza también a esperar a la vista oral.
La petición de la defensa de Santiago Fuentes llega después de que el juez Calama reordenara el pasado mes de septiembre la causa y agrupara a todos los perjudicados en una decena de representaciones procesales, siendo Aránguez Abogados el despacho que defiende los intereses de más afectados, más de 3.000 patrocinados. En este sentido, el juez Calama pidió a todos los abogados que eligieran bajo qué dirección letrada quieren trabajar en esta causa y abrió la puerta a que futuras defensas que se personen en el procedimiento puedan tener también esta opción.
Uno de entre tantos productos
En su escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional, Fuentes carga contra las conclusiones iniciales de los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, según indica, estaban colmados de "un sinfín de conjeturas, presunciones y sospechas". Ello, prosigue el texto que también ha podido ser consultado por este diario, provocó el cierre de su empresa, que ofrecía la inversión en criptomonedas, entre otros servicios. "Gozaba de mucha popularidad, sin embargo, era tan solo uno de los tantos productos de su actividad comercial, que no el único; y, es más, no era siquiera el más relevante, toda vez que la actividad esencial y primordial de la empresa pasaba por la fabricación y venta de softwares", asegura.
Asimismo, el 'cabecilla' de la trama investigada tacha las denuncias de los "presuntos perjudicados" de "inconsistencia y endeblez clamorosa", pues, en su opinión, adolecen del pruebas que avalen el quebranto económico que supuestamente han sufrido de la mano de Arbistar como consecuencia de una inversión en monedas virtuales fallida. En esta línea, la defensa de Fuentes recuerda que el Juzgado de Arona que inició la investigación hace un año y medio solicitó a los querellantes que aportaran los contratos que les vincula con dicha empresa y que acreditaran las transferencias de activos digitales hechas a la mercantil en cuestión, junto a su valoración en euros. No obstante, según indica el investigado, ello no ha tenido lugar.
"La condición de los querellantes como potenciales perjudicados por la presunta estafa continúa siendo toda una incógnita", afirma Fuentes al tiempo que subraya que la acreditación del daño patrimonial es un "presupuesto objetivo inexcusable" para poder acusar a alguien del delito de estafa. Así, por todo ello reclamó que todos las personas que ejercen como acusación presentaran "prueba directa" de que son afectados de Arbistar, como puede ser la titularidad de las billeteras digitales y de los activos digitales, así como dos tipos de códigos alfanuméricos: el 'ID', que identifica el monedero virtual; y el 'Hash', que se genera con la operación de traspaso de criptoactivos.
Auxilio internacional y embargo de un Tesla
La investigación se divide en dos partes: una principal, para esclarecer si se cometieron delitos de estafa agravada y organización criminal; y una segunda línea en la que se acumulan los hechos relacionados con delitos que "requieren una instrucción más prolija y compleja", como son el blanqueo de capitales y la falsedad documental. Esta segunda pieza separada se abrió para evitar dilatar el avance del procedimiento, debido a la dimensión internacional que pudo tener la trama y la necesidad de reclamar auxilio judicial a otros países para que envíen información.
De hecho, según han informado fuentes jurídicas a este diario, el juez Calama ha librado recientemente tres nuevas comisiones rogatorias a Islas Caimán, Reino Unido y Hong Kong solicitando el bloqueo de todos los productos e información de datos que existan a nombre de personas físicas y empresas vinculadas con Arbistar en Crypto.com, Coinbase y Cro Dax Limited, plataformas de operaciones con criptomonedas. Asimismo, el magistrado ha arrancado el año 2022 con la declaración a varios investigados, como Diego Felipe Hernández Nojarova -contra quien pesaba una orden europea de detención-, socio y director de Operaciones de Arbistar; Laura Concetta, directora de los departamentos Financiero y Administrativo de la empresa; o Xavier Pages Codina, director comercial de la misma.
Por último, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el pasado 11 de enero el embargo de un vehículo de lujo a uno de los principales investigados, Iván Grima, unos de los socios fundadores de la mercantil Venus Capital, de la que se sospecha que fuera el aparato financiero de Arbistar, al funcionar como una casa de cambio. Se trataría de un Tesla Model 3, que en octubre de 2021 se puso a disposición de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para su posible subasta con el fin de que la cantidad que se obtenga sirva para responder a eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del 'caso Arbistar'.
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