El cártel de consultoras frena el golpe de CNMC y vuelve a contratar con el Estado

La Audiencia Nacional comienza a recibir los recursos de las consultoras que  hace más de medio año fueron sancionadas por un total de 6,3 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la formación de un cártel. La Sala de lo Contencioso-Administrativo aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, es decir no ha determinado si la multa que afecta a 22 firmas y a varios de sus directivos son legales, si bien sí ha acordado levantar la prohibición de contratar que recae sobre estas empresas mientras dure este procedimiento. 

Así consta en uno de los autos dictados a mediados de diciembre por la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso La Información, en la que acepta la petición de Bmasi Strategy, una de las consultoras sancionadas por la concertación de precios y servicios que realizaron entre 2009 y 2018 a la hora de adjudicarse contratos de varias administraciones estatales, autonómicas y locales, con ofertas ficticias en los concursos públicos y pactos previos para obtener los contratos. En concreto, esta empresa que deberá responder a 153.529 euros de los más de 6 millones de euros que impuso la CNMC -salvo que los tribunales digan lo contrario- solicitó que, de manera cautelar, se suspendiera la ejecución de la resolución dictada el 11 de mayo de 2021 por la Sala de Competencia del organismo que preside Cani Fernández en lo que respecta al trámite que debe iniciarse para determinar la duración y el alcance de la prohibición de contratar.

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La determinación del tiempo de dicha prohibición corresponde a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública. El departamento que dirige la ministra María Jesús Montero afirmó el pasado mes de diciembre, en una respuesta parlamentaria por escrito a una pregunta formulada por diputados de Unidas Podemos, que no puede prohibir el acceso de las empresas involucradas en el cártel investigado en los concursos de contratación pública hasta que el regulador lo comunique, según informó Europa Press. En este sentido, Hacienda afirmó que la Junta Consultiva recibió la resolución sancionadora, pero explicó que todavía no ha abierto el procedimiento para fijar el tiempo de duración y alcance de la prohibición para contratar, ya que para ello es necesario que la CNMC comunique que las multas son firmes.

Precisamente, sobre este aspecto se detiene la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en cuyo auto analiza en qué momento la resolución sancionadora adquiere firmeza: si ésta llega tras el dictado de una sentencia judicial firme -lo que podría conllevar a esperar al Tribunal Supremo, ya que es el último órgano judicial competente para pronunciarse-; o si, por el contrario, de acuerdo con el artículo 72.7 de la Ley de Contratos, existe un plazo de tres años desde la fecha de la resolución de la CNMC para dar traslado de la misma al órgano dependiente de Hacienda para que determine el alcance de la prohibición de contratar. En caso de que la opción válida sea la segunda, los magistrados señalan que entonces dicha prohibición podría fijarse "antes de que el órgano judicial se pronunciase sobre la legalidad de la resolución sancionadora que ha apreciado una infracción de competencia".

Posibles perjuicios

Para resolver la cuestión, la Sala se apoya en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que afirma que "los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución sancionadora, bien a través del procedimiento correspondiente". El Alto Tribunal añade que "ello no impide que el órgano judicial, por vía cautelar, pueda suspender la remisión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando, entre otros supuestos, haya considerado necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada".

Atendiendo a esto último, la Audiencia Nacional entiende que, aunque la resolución de la CNMC no fija ni el alcance ni la duración de la prohibición, "tiene un efecto ejecutivo". Por ello, considera que debe acordar la suspensión del trámite relativo a la remisión de dicho acto administrativo a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pues de lo contrario se "ocasionarían perjuicios a la recurrente a la hora de presentarse a determinadas licitaciones sobre todo en el ámbito europeo", que serían, según indica, "difícilmente reversibles".

La Audiencia Nacional entiende que, aunque la resolución de la CNMC no fija ni el alcance ni la duración de la prohibición, "tiene un efecto ejecutivo".

No afecta a las cuantías

Por último, los magistrados dejan claro que esta medida cautelar no se extiende a la cuantía impuesta. Ello no implica que estén adelantando ningún punto la resolución de los recursos contra la sanción de la CNMC. Algunas de las ‘big four’ se encuentran entre las empresas afectadas, como Deloitte Consulting, que, en principio, deberá afrontar 3,99 millones de euros, la mayor parte de la multa. Asimismo, otras de las implicadas son PwC, que responderá a otros 670.000 euros; KPMG Consulting SL, que se le reclama 50.000 euros; e Indra Business Consulting, que solo pagará 27.000 euros. Según explicó el regulador, muchos de los acuerdos a los que llegaron las empresas sancionadas tenían lugar a través de pactos o "favores mutuos" que cerraban los directivos de las mismas con ofertas de cobertura que nunca iban a ser aceptadas. Por ello, la CNMC impuso del mismo modo hasta 13 sanciones a personas concretas implicadas en el caso, por un valor total de 439.000 euros. 

La inspección se inició en el País Vasco en 2018, con José María Marín Quemada entonces al frente del organismo, y después fue rematada por el equipo dirigido por Cani Fernández. Durante la investigación se detectaron dos redes distintas de colaboración a la hora de manejar las licitaciones de los concursos públicos de servicios. El primero se centraba en la zona norte, donde se vieron manipulados hasta 101 procesos de ayuntamientos como el de Bilbao, Santander, Sestao, Barakaldo o Vitoria, junto a varios departamentos del Gobierno Vasco y el Cantabria, la Junta de Castilla y León, el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya. Por otro lado, se descubrió una segunda red a nivel nacional con otras 72 licitaciones manipuladas convocadas por el Ministerio de Hacienda, Trabajo e Inmigración y Economía, junto a los ejecutivos autonómicos de Madrid, Valencia, Cataluña, Canarias y Baleares, o ciudades como Cádiz y Sevilla.