Valencia, 18 may.- El "caso cooperación", que investiga un supuesto fraude en las subvenciones de la Generalitat para la cooperación internacional entre 2008 y 2011, arrancó en octubre de 2010 con unas denuncias ante la Fiscalía y ha sido instruido finalmente en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, que ha concluido ahora la instrucción de una de las piezas.
Las denuncias en octubre de 2010 de las diputadas autonómicas Clara Tirado (del PSPV-PSOE) y Mireia Molla (Compromís) ante la Fiscalía Anticorrupción de la posible existencia de una trama para desviar fondos públicos de la Generalitat destinados al tercer mundo, llevaron al fiscal a abrir diligencias e iniciar una investigación.
En mayo de 2011 el fiscal trasladó esa investigación al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, cuya titular, Nieves Molina, abrió una causa por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.
Nueve meses después, en febrero de 2012, la Policía detuvo a catorce personas, entre ellas al director general de Cooperación, Josep Maria Felip, y al empresario responsable de la Fundación Hemisferio, Augusto César Tauroni, quien tres días después ingresó en prisión, donde permanece como único encarcelado del caso.
Desde entonces, un total de 35 personas han sido imputadas, en su mayoría relacionadas con ONG y empresas, aunque también hay varios cargos de la Administración autonómica, como el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y miembros de la cúpula de esa Conselleria, como Felip, Marc Llinares o Alexandre Catalá.
El Tribunal ha investigado un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la que fuera Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía entre 2008 y 2011 -etapa en la que Rafael Blasco fue el titular de ese departamento- para cooperación al desarrollo con el tercer mundo, parte de las cuales se desviaron supuestamente a otros fines.
Para ello, se estableció una "trama" en torno a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (CYES) y a la Fundación Solidaria Entre Pueblos (luego Hemisferio), a través de cuyas empresas lograron subvenciones de la Generalitat que luego se desviaron a fines no lícitos y que se justificaron con facturas "hinchadas".
El "saqueo" de esos fondos, que debían haber llegado a proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua -parte de los cuales acabaron en unos inmuebles en Valencia-, El Salvador, Tailandia y Haití -donde nunca se hizo un hospital para damnificados por el terremoto-, asciende a 6 millones de euros según las denunciantes.
El Juzgado número 21 remitió la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en julio de 2012, al apreciar indicios de delitos en el exconseller de Solidaridad y entonces portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco.
El Alto tribunal valenciano asumió la causa en septiembre y designó como instructora a María Pía Calderón, y un mes después Blasco fue imputado por seis delitos y declaró ante esta magistrada.
La acusación popular de esta causa, en la que se han practicado pruebas documentales, testificales, periciales y registros en domicilios y en dependencias oficiales de la Generalitat, la ejercen la Generalitat, la Coordinadora valenciana de ONGD, un particular y el PSPV-PSOE.
La causa ha sido dividida en dos piezas separadas, una referida a la Fundación CYES, que recibió 1,8 millones de la Generalitat y cuya instrucción acaba de concluir con el procesamiento de Blasco, y otra sobre Hemisferio, que recibió al menos 3,5 millones de euros de las ayudas públicas para cooperación.
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