El caso de la CAN se archiva tras meses de proceso judicial y bronca política

Carlos Mendoza

Pamplona, 3 oct.- El caso de Caja Navarra se ha archivado definitivamente tras ocho meses de un procedimiento judicial que ha llevado a la presidenta Yolanda Barcina a las puertas del Tribunal Supremo, que rechazó su imputación por el cobro de dobles y triples dietas, y a superar una moción de censura en la que la oposición pidió su dimisión y nuevas elecciones.

La titular del juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, que admitió el 31 de enero investigar esta causa, ha acordado hoy el archivo definitivo del denominado caso Caja Navarra (CAN), incluida la parte relativa a la concesión de créditos a familiares de cargos de la antigua entidad financiera.

La jueza ha acordado el archivo al denegar las nuevas diligencias que habían solicitado las acusaciones, la asociación Kontuz y el partido UPyD, que impulsaron este caso al presentar sendas denuncias en diciembre de 2012 contra el proceso de desaparición de la CAN, primero integrada en Banca Cívica y finalmente absorbida por Caixabank, un asunto que investiga la Audiencia Nacional.

La decisión de la juez se produce después de que el Tribunal Supremo rechazara el 24 de julio imputar por un presunto delito de cohecho impropio a la presidenta Yolanda Barcina por el cobro de las polémicas dobles y triples dietas de Caja Navarra, al entender que no eran constitutivas de delito, aunque pueda merecer algún tipo de reproche "moral, ético o político".

La participación" de Barcina "en la denominada comisión permanente (de la Caja) de la que resulta el abono de las dietas no viene, directamente, por su condición de presidenta del Gobierno Foral de Navarra o alcaldesa, sino por su pertenencia a la Junta de Entidades Fundadoras", según el auto del Supremo.

Para la jueza, este órgano se reunía en dos sesiones consecutivas en un mismo día y por cada una de ellas se pagaban 2.680 euros brutos para el presidente y 1.717 para los demás miembros, cantidades que no se identificaban como dietas, no aparecían con esa denominación en las cuentas de la Caja y no se ponían en conocimiento del Banco de España ni de la CNMV, por lo que "quedaban al margen de cualquier publicidad, control o fiscalización".

Del caso, quedaba en manos de la jueza dos cuestiones que habían planteado Kontuz y UPyD sobre una posible manipulación de las actas de las reuniones de la junta y la comisión permanente de Caja Navarra y la concesión de créditos en condiciones ventajosas a empresas o sus familiares, que ha archivado ahora con este auto.

María Paz Benito considera que tanto las partes de este proceso como el Ministerio Fiscal, que se ha mostrado en contra de la imputación de Barcina, pueden recurrir su auto y formular denuncias si así lo estiman oportuno ya que disponen de toda la documentación.

Sobre los créditos, también lo archiva y pasará toda la documentación al Juzgado Central número seis de Madrid, que investiga las presuntas irregularidades en el proceso de constitución de Banca Cívica y su salida a bolsa.

Por el caso de las dietas, la juez imputó al expresidente navarro Miguel Sanz; el exconsejero de Economía Álvaro Miranda; el actual alcalde de Pamplona, Enrique Maya; y el exdirector de la entidad financiera Enrique Goñi, todos ellos miembros junto con Barcina de la denominada Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de Caja Navarra.

Sanz, Miranda y Enrique Maya, que declararon como imputados ante la jueza María Paz Benito, y Barcina devolvieron el montante de las dietas, que en el caso de la presidenta llegaron a los 68.000 euros

El caso de la CAN y las polémicas dietas ha concentrado buena parte la política navarra en estos meses, con numerosas preguntas y comparecencias en el parlamento, manifestaciones impulsadas por la izquierda abertzale y otras plataformas sociales, y una moción de censura, la primera de la historia de Navarra, que consiguió eludir al abstenerse los socialistas.

El auto ha sorprendido a los políticos navarros en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y en un receso se han lanzado a valorar la decisión de la jueza, que ha recibido con satisfacción la presidenta Barcina, para la que se constata así que todas las personas implicadas actuaron conforme a la legalidad.

En declaraciones a Efe, ha destacado que el auto "cierra todas los posibles denuncias que había sobre este tema" y ha emplazado a todos a respetarlo, "sobre todo aquellos que han utilizado políticamente a la justicia a lo largo de los últimos meses".

Desde la oposición, los portavoces de Bildu, Aralar, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han advertido de que la ciudadanía "tiene derecho a saber" lo sucedido y que el archivo no elimina la censura ética, mientras que el PPN ha señalado que las responsabilidades políticas se tienen que dirimir en el Parlamento, y el PSN lo ha considerado un paso lógico tras fallo del Tribunal Supremo.