Pekín.- El caso de Li Ruirui, la joven peticionaria violada por un guardia a sueldo de las autoridades, fue la prueba en agosto de la existencia ya conocida en China de una red de cárceles ilegales para decenas de miles de demandantes, los "peticionarios".
Ahora la víctima ha vuelto a las cortes para exigir una mayor compensación después de que el juez apenas le prestara atención.
"No estamos satisfechos con la compensación de 2.300 yuanes que pagará el violador", (337 dólares, 234 euros), declaró hoy a EFE Wang Xianglian, de 45 años y madre de Li, en conversación telefónica desde su provincia, Anhui (este de China).
Los familiares de la joven, de 21 años, exigen una indemnización de 100.000 yuanes (14.640 dólares, 10.240 euros) y una pena de cárcel superior a diez años para el violador, Xu Jian, de 26 años y natural de la provincia central de Henan.
A pesar de que el gobierno chino sigue negando la existencia de estas "cárceles negras" ("hei jianyu", en mandarín), la odisea de Li provocó una fuerte reacción pública y ha sido la punta del iceberg para desvelar la macabra red de prisiones en la que los demandantes son detenidos y torturados por matones a sueldo del gobierno.
"Peticionario" ("shangfang") es aquel que se acoge a un recurso legal creado en la dinastía Qing (1644-1911), tras haber sido víctima de abusos, robos, asesinatos, expropiación ilegal de tierras, corrupción o torturas, entre otros delitos.
Desde hace cuatro siglos, estos peticionarios viajan a Pekín buscando justicia en una instancia superior tras agotar apelaciones y ahorros en los juzgados locales, por lo que muchos de ellos viven en la capital china como indigentes a la espera de una sentencia.
No era el caso de Li. La joven viajó este verano a Pekín desde su pueblo en el distrito de Fuyang (Anhui) para pedir justicia por las humillaciones públicas que sufrió hace dos años por parte de su profesora de secundaria: según parece, sus notas no eran lo suficiente altas para que la funcionaria cobrara su bono.
Al llegar a la oficina principal de peticiones de Pekín, funcionarios de su provincia natal la afrontaron y la encerraron en un hostal junto con otros peticionarios de su zona.
Uno de los guardias, Xu, entró una noche en la habitación en la que ella y los demás dormían y la violó delante de todos. El 4 de agosto Li denunció la violación.
Según desveló en noviembre un minucioso informe de la ONG Human Rights Watch (HRW), las autoridades provinciales pagan a matones y guardias para que encierren a peticionarios en prisiones improvisadas en hoteles, edificios estatales e incluso en psiquiátricos, donde son maltratados y torturados.
Desde allí, los demandantes son enviados de vuelta a su provincia y así los funcionarios reducen los 10 millones de denuncias anuales que reciben las oficinas de Peticiones de Pekín, un termómetro del descontento social y del fracaso judicial en China.
Por lo menos 10.000 chinos que ejercen su derecho a denunciar han pasado por estas prisiones sólo en la capital, según HRW.
Tras el juicio iniciado por Li, el distrito de Fengtai sentenció el 11 de diciembre pasado a Xu Jian a ocho años de cárcel, pero el fiscal apeló la sentencia porque cree que ha habido un uso incorrecto de la ley: el juez no escuchó a la víctima.
Li Ruirui no se encuentra bien de salud desde la violación, explica su madre; añade que sufre desequilibrios mentales -esquizofrenia, según el veredicto-, que su estado emocional es inestable, tiene insomnio y llora con frecuencia.
La familia tenía previsto viajar hoy a Pekín con su hija para presentar la apelación ante la oficina de enlace de Anhui en la capital, pero según explica Wang, las autoridades locales se han ofrecido a coordinar la compensación para ahorrarles el viaje, ya que el juicio ha dejado sin dinero a la familia.
Li tiene un hermano de 19 años, no trabaja desde que abandonó la secundaria y tiene novio.
La abogada de la joven, Zhang Jing, dijo a Efe que todavía no hay fecha para la reanudación del juicio, y pidió discreción a los medios.
Marga Zambrana
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