El caso 'Diana Quer' pone en el ojo del huracán la prisión permanente revisable

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El caso Diana Quer ha vuelto a sacar a la palestra la polémica prisión permanente revisable. La madre de la joven asesinada ha dejado clara su postura en declaraciones a La Razón: "Mi opinión es que no se quite, incluso que se endurezca, deberían ponerse en el lugar de las víctimas", ha dejado claro sumida en el dolor.

El Congreso de los Diputados, por su parte, ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la prisión permanente revisable, introducida en la última reforma del Código Penal gracias a la mayoría absoluta con la que la puso en marcha el PP. La oposición considera que esta medida introducida por el PP no garantiza la reinserción social y la reeducación de los condenados. Los calificativos ante ella han oscilado entre "es una norma que condena a pudrirse y no a resocializarse" por parte del PNV, hasta "el PP es más reaccionario que Primo de Rivera que dio una patada a la cadena perpetua" de Podemos. Ciudadanos también se ha mostrado contrario a la misma y la calificaba de "populismo punitivo" o "demagogia punitiva", mientras que el PSOE la definía como "innecesaria, inoportuna y concebida desde el miedo". Ahora Cs habla de impulsar el cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos y una reforma en este sentido de la ley penitenciaria mientras sigue dudando de la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Todo indica que el Congreso acabará con ella.

Pero ¿qué opinan los juristas? Hay argumentos tanto a favor como en contra de esta medida. Juan Antonio Lascuraín, catedrático de Derecho Penal de la UAM, que participó en el dictamen con el que todos los grupos de la oposición presentaron su recurso ante el Constitucional, considera que aunque el cuerpo pida lo que pide (él mismo es padre de dos jóvenes) hay que defender la sociedad en la que creemos, "tampoco damos latigazos ni cortamos las manos". No considera que estemos ante un derecho en exceso garantista, "de hecho lo es menos que en los 80", y sí cree que hay tres conceptos que justifican la inconstitucionalidad de esta ley: su inhumanidad, su daño a la resocialización y la indeterminación de la pena. Para Lascuraín, "el hecho de que se hable de que la condena sea revisable no oculta que, en delitos graves, podemos hablar de condenas de hasta 35 años y su duración estaría indeterminada, a expensas de una valoración de un grupo de expertos. En este sentido el experto considera que "el reo tiene el derecho a saber el tiempo de su condena porque debe saber las consecuencias jurídicas de sus actos". Considera el experto que hay que recordar las palabras del Papa Francisco "no podéis quitar a los presos la esperanza", aunque reconoce que en estos momentos es duro decirlo.

El despacho penalista Palladino Pellón Asociados ha elaborado sendos análisis al respecto con argumentos en favor y en contra de la ley. Martín Ignacio Palladino, socio de la firma considera que "se hizo esta norma destacando que era una pena acorde con delitos muy graves, porque aunque haya penas de 40 años de cárcel, suelen concurrir en ellas un concurso de delitos o más de una víctima. La idea era que hubiera penas por delitos individuales más acordes con un tipo de hechos muy graves, sangrantes, como en el caso de Marta del Castillo, Sandra Palo o ahora Diana Quer". El experto afirma que la opinión pública considera que "el Código Penal no respondía con suficiente contundencia a estos delitos". Frente a otros argumentos, el penalista asegura que el hecho de que la norma incluya el término revisable impide que sea inconstitucional, "porque la pena no solo se puede revisar sino que se puede suspender. Cierto que el mecanismo de revisión a 25 años depende de la edad del condenado, porque dependiendo de esta se puede convertir en una cadena perpetua de facto".

Lascuraín matiza en este sentido que "aunque está claro que la función esencial de la pena no es resocializar al concreto delincuente, sino evitar que en general se cometan nuevos delitos tanto intimidando a los malos como consolidando la opción de los buenos", es cierto que "a partir de unos años en prisión está demostrado que los efectos psicológicos en las personas es notable. Hay que ver qué persona sale de la cárcel". Ese mismo argumento destaca Palladino entre los argumentos en contra de la ley: "Una persona que pasa más años en la cárcel tiene aún más difícil reinsertarse y hay estudios que señalan que los reos que pasan muchos años en la cárcel adquieren también problemas psiquiátricos en el camino". Lascuraín señala que, aunque sea desde un punto de vista pragmático (no solo moral), a la sociedad le interesa la reinserción. También deja entrever que los casos de reincidencia en delitos sexuales no son mayores que en otros casos, aunque generen más alarma social.

En otros países europeos sí existe la prisión permanente revisable, pero en gran parte de los casos es consecuencia de haber eliminado la cadena perpetua o la pena de muerte. Es menos común, señala, que el código penal avance en el sentido contrario, que es lo que ocurre en el caso español con esta ley. 

Miguel Bajo Fernández, catedrático de la UAM, abogado y miembro honorífico de la Academia de Jurisprudencia asturiana considera un disparate la derogación de la prisión permanente revisable que sí es factible en una Europa sin los traumas de 40 años de dictadura. "Es una amenaza legal para delitos merecedores de ese castigo y la opinión pública reclama que la ley sirva para algo. La cadena perpetua siempre es revisable, en EEUU lo es" En cuanto al derecho del reo a saber el tiempo de su condena, como defienden los detractores de la ley, Miguel Bajo considera que "en primer lugar, la cadena perpetua o la prisión permanente revisable no lesiona el derecho del reo a conocer el tiempo de su condena. Y en segundo lugar, el anuncio en la ley de la prisión permanente revisable frente a conductas especialmente graves transmite a la ciudadanía la confianza en la vigencia del derecho como instrumento de solución de conflictos".

Bajo cree que esta amenaza legal sí es preventiva, y afirma que hay personas que sí resultan un peligro social. "No se trata de hacer sufrir al delincuente, el objetivo es recuperarle sí, por eso es revisable pero, este complejo que se tiene en España como consecuencia del franquismo cada vez que el Estado debe mostrar su fuerza, no ocurre en Europa, donde sí han triunfado revoluciones de izquierda que impiden que cualquier acto en el que se imponga el imperio de la ley se considera fascista".

Otro de los argumentos en favor de la ley es la prevención del delito, aunque la estadística no deje clara su utilidad. En países como EEUU esto no se ha producido ni con la pena de muerte. De hecho, los terroristas que están dispuestos a acabar con su vida no temen una vida entera en la cárcel y en los casos de delito sexual, el impulso puede más que el temor. Se ha planteado la posibilidad de cadenas perpetuas para este tipo de delitos, la castración o el control mediante una pulsera telemática para controlar los movimientos de la persona con este perfil, pero siguen rodeadas de polémica.

La pregunta es ¿deben aislarse estos seres de la sociedad? En EEUU, incluso, se han construido pueblos para personas condenadas por delitos sexuales para impedir que se relacionen con niños, por ejemplo. Lascuraín considera, en este caso, que si un preso es imputable sería reinsertable, si no, "deberíamos considerarlo inimputable y encerrarle en un centro con un control". El dilema está ahí.

¿Y la sociedad? Una encuesta realizada por el diario El País con motivo de la aprobación de la prisión permanente revisable dejaba claro que el 67% apoyaba la medida. El estudio sobre la Opinión pública en España y la reforma penal mostraba que entre los votantes del PP y Cs el apoyo a la prisión permanente revisable era rotundo (un 89% y un 88%, respectivamente, mientras que los del PSOE dudaban más (50%) que los de Podemos (un 52% a favor). Los más reacios eran los votantes de IU (solo un 43% a favor). Cierto que la sociedad tiene algunos clichés en mente que no se corresponden con la realidad.

Frases como salen de prisión cuando quieren  o aquí nadie cumple sus condenas no son del todo ciertas a tenor de los datos. De hecho el número de reclusos clasificados en tercer grado, el más avanzado y que posibilita mayor acceso a disfrutar de tiempo fuera de la cárcel ha disminuido. Si en enero de 2012 tenían dicha calificación 9.811 reclusos, un 18,13% del total, en enero de 2016 dicha cifra ha descendido a 7.982, un 15,2%. Por el contrario los presos clasificados en primer grado, el más restrictivo, han aumentado de 973 en 2012 a 1.041 en 2016, pasando del 1,79% al 1,98%. 

Pero tras el caso de Diana Quer, que lamentablemente no será el último, la pregunta es ¿deben salir estos sujetos de la cárcel o la democracia liberal tiene que demostrar que lo es hasta en el peor de los casos?