El cermi considera "positivo" que las cuestiones relativas a autonomía y dependencia pasen a la jurisdicción social


El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera "positiva" la decisión del Parlamento de que las controversias relativas a autonomía personal y atención a la dependencia pasen de la jurisdicción contencioso-administrativa a la social, "como demandaba la discapacidad organizada".
Según el texto aprobado este jueves, con carácter definitivo de la de Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, apoyado por todos los grupos parlamentarios, se ordena al Gobierno a que, "en el plazo de tres años, regule la atribución a la jurisdicción social de las cuestiones litigiosas referidas a autonomía personal y dependencia".
De este modo, según el Cermi, en el futuro ya no será la jurisdicción contencioso-administrativa la que conocerá de estos asuntos, como sucede ahora, sino que serán competencia de la jurisdicción social, "más ágil, próxima y económica para el ciudadano".
Con esta decisión, continúa el Comité, "se facilitará enormemente la tutela judicial del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia, que por naturaleza propia deberían haber estado siempre en el orden jurisdiccional social".
Además, comunica que el Parlamento se ha hecho eco también de otra medida planteada por el Cermi, consistente en que la Ley recoja "expresamente" que a la jurisdicción social también corresponden "el conocimiento de las cuestiones relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad".
Según el Cermi, "el texto original del proyecto de ley remitido por el Gobierno omitía cualquier referencia a esta materia, lo que generaba una enorme inseguridad jurídica para las personas con discapacidad y sus familias, peligro que ahora se conjura con la incorporación explícita de esta atribución a la jurisdicción social".

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