El cermi presenta en ginebra su informe alternativo sobre la situación de los derechos de la discapacidad en españa

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, presentó este lunes en Ginebra ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en nombre de la entidad que representa, su informe alternativo al del Estado español sobre el balance de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España en el periodo 2008-2010.
En este sentido, formuló un juicio genérico sobre la aplicación de la Convención en España y llamó la atención sobre aquellos aspectos que suponen una violación más intensa de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad por la Convención y que necesitarían, por tanto, una actuación y subsanación más firmes por este Comité.
Según indicó el presidente del Cermi, "el objetivo es que España avance significativamente en un tiempo razonable en el cumplimiento del Tratado internacional".
Pérez Bueno reflexionó, sobre los avances en España a lo largo de los años en cuanto al reconocimiento de derechos, inclusión social y pertenencia a la comunidad de las personas con discapacidad, así como mejoras en la legislación, políticas públicas, presencia social y toma de conciencia comunitaria.
Sin embargo, al mismo tiempo reconoció que "sigue siendo un grupo social sometido a situaciones estructurales y coyunturales de exclusión social, con enormes dificultades para ejercer sus derechos y libertades fundamentales, en términos equiparables al resto de ciudadanía sin discapacidad".
"Desde la sociedad civil hemos de afirmar que en España no están garantizados los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención", afirmó. De hecho, según indicó, "hay esferas críticas donde estos derechos son vulnerados y conculcados, lo cual resulta inaceptable y debe cesar".
Para él, "se necesitan aún legislaciones, políticas, prácticas y un cambio de actitud social para que la aplicación de la Convención sea real y efectiva".
Según Pérez Bueno, "las deliberaciones y decisiones del Comité se traducirán en recomendaciones y sugerencias de acción al Estado parte, que será de gran utilidad y eficacia para la mejor aplicación de la Convención a nivel nacional y para la mayor garantía de los derechos de las personas con discapacidad en España".