El cermi promueve un estudio sobre la responsabilidad social empresarial en el ámbito de la discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), con el patrocinio del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha promovido un estudio sobre "La Responsabilidad Social Empresarial en el ámbito de la Discapacidad (RSE-D): Dimensión, contenido y tendencias en época de crisis", tras el análisis de las políticas de RSE llevadas a cabo por empresas de diverso tipo.
El estudio, realizado por la abogada María Cortés Ortiz, se ha efectuado tomando como base a la información contenida en las memorias de RSE presentadas por las compañías en sus páginas corporativas.
Uno de los aspectos que se destaca es que la inversión en RSE en la mayoría de las grandes corporaciones es entendida como una inversión estratégica dentro de su sector de actividad; mientras que empresas eléctricas o energéticas suelen dedicar la inversión en responsabilidad social a proyectos medioambientales, las entidades financieras y compañías de seguros dirigen su inversión a proyectos socio-asistenciales.
Por otra parte, la mayoría de las entidades que no entienden la responsabilidad social como estratégica llevan a cabo la inversión en discapacidad a través de fundaciones y asociaciones independientes, "echándose en falta la dirección directa desde la compañía".
En lo relativo al cumplimiento del 2% de personas con discapacidad en plantilla, exigido por la Lismi, numerosas organizaciones lo presentan como un logro de responsabilidad social; otras, incluso, plantean la moratoria para el cumplimiento del porcentaje legal exigido.
También se aprecia que no hay planes globales de acción en discapacidad dentro de las políticas de RSE de las empresas, ni a medio ni a largo plazo, por lo que los proyectos que se desarrollan son puntuales, es decir, no presentan una continuidad en el tiempo, al tiempo que destaca que no se cuantifica el retorno de la inversión en RSE y menos aún la realizada en discapacidad.
Según el informe, se resalta la actuación "importantísima" que llevan a cabo las asociaciones y fundaciones dirigidas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. "Sería deseable que las propias administraciones públicas establecieran un sistema de fomento de la inversión en RSE-D por parte de las empresas, a través de exenciones fiscales, deducciones o cualquier otro tipo de bonificación, que incentivara a las corporaciones a dirigir su política de RSE al área de discapacidad, revertiendo así en este colectivo parte de los beneficios obtenidos por su actividad", considera.
Asimismo, sostiene que "sería conveniente que existiera un modelo normalizado de memoria en RSE claro y comprensible para poder comparar la política de inversión anual en RSE de las distintas empresas e incluso hacer un seguimiento continuado en el tiempo".
Las conclusiones derivadas de este estudio "confirman que los avances conseguidos en el área de la discapacidad en las últimas décadas en cuanto a inserción social, fomento del empleo de personas con discapacidad, etc. pueden verse afectados por la falta de recursos en estos tiempos de crisis económica".