El CES cifra el fraude fiscal en un 6 % del PIB y critica el alza de tributos

  • El Consejo Económico y Social (CES) estima que el fraude fiscal en España podrían elevarse hasta el 6 % del PIB y ha considerado que las reformas fiscales que se han venido haciendo desde 2010 se han acometido de forma "precipitada y poco meditada" con el único fin de recaudar más.

Madrid, 26 feb.- El Consejo Económico y Social (CES) estima que el fraude fiscal en España podrían elevarse hasta el 6 % del PIB y ha considerado que las reformas fiscales que se han venido haciendo desde 2010 se han acometido de forma "precipitada y poco meditada" con el único fin de recaudar más.

Así consta en el "Informe sobre distribución de la renta en España: desigualdad, cambios estructurales y ciclos", en el que este órgano consultivo analiza la evolución de la distribución de la renta en España en el periodo 1985-2011.

El cálculo del fraude fiscal lo hace tomando como referencia las estimaciones de economía sumergida de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para España (19,2 % del PIB).

En opinión del CES, el fraude fiscal supone un lastre para el sistema tributario español, tanto por el importante volumen de recursos que la Hacienda Pública deja de recaudar, como por el lado de la equidad, dado que el fraude se concentra en las rentas que no están sujetas a retención.

En este sentido, señala que "la enorme diferencia" que existe entre la renta media que se viene declarando en el IRPF por trabajo y por actividades económicas se explicaría al menos en parte, "por la importancia del fenómeno de infradeclaración u ocultación de rentas ligadas a la economía sumergida".

El CES lamenta que los sucesivos Gobiernos no se hayan planteado una reforma en profundidad del sistema tributario consensuada, equilibrada, con visión a largo plazo y no sólo encaminada a aumentar la recaudación.

En su opinión, desde 2010 sólo se han ido aprobando "de manera precipitada, descoordinada y poco meditada" aumentos de impuestos que han tenido un efecto contractivo sobre la economía y que se han llevado a cabo con la única finalidad de aumentar los ingresos a corto plazo para cumplir los objetivos de reducción del déficit público comprometidos con Bruselas.

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