"La conciliación de la vida personal, familiar y laboral es una condición para poder disfrutar de una vida plena. Conciliar es poder disponer mejor de nuestro tiempo. Compatibilizar nuestro trabajo con nuestras obligaciones e intereses. Y encontrar un equilibrio entre vida y trabajo". Así comienza el acuerdo que las ministras del Gobierno de Mariano Rajoy, Fátima Báñez (Empleo y Seguridad Social) y Dolors Montserrat (Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) firmaron en 2018 y que fue aprobado por Consejo de Ministros para establecer el 23 de marzo el Día Nacional de la Conciliación. Justo cuatro años después, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha lanzado un grupo de expertos para empezar a estudiar las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan disfrutar este derecho con todas las garantías.
En concreto, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces celebrada este 23 de marzo debatió la propuesta del Servicio Central de Secretaría General para la "creación de un grupo de trabajo al que se encomiende iniciar los trabajos necesarios para proceder a la modificación reglamentaria precisa para la implantación definitiva de las medidas de conciliación contempladas en el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno del CCGPJ el 30 de enero de 2020". Una decisión que ha sido aplaudida por las asociaciones de jueces, en cuyo primer Congreso Interasociativo, celebrado los pasados 10 y 11 de febrero en Albacete, volvieron a entonar esta reclamación histórica, y que reiteraron el pasado 10 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Juezas.
En dicho encuentro, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) definieron sus líneas de actuación destinadas a mejorar las condiciones profesionales de los jueces, destacando la exigencia de que "se cumpla la ley para proteger la salud de jueces y magistrados y para que se garantice su derecho a la conciliación personal y familiar". Para ello, volvieron a reclamar la fijación urgente de cargas máximas de trabajo; el establecimiento de "criterios uniformes" para la concesión de permisos y licencias en materia de conciliación; o la regulación del teletrabajo.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, afirmó durante su discurso en la inauguración del congreso organizado por las asociaciones que tanto la conciliación como la prevención de riesgos son "temas que preocupan" a los jueces y de especial sensibilidad. En este sentido, subrayó que la carrera judicial va siendo "cada vez más femenina", ya que el 55% de miembros son mujeres, una proporción que va en aumento con las nuevas promociones. Estos aspectos ya se tuvieron en cuenta en 2013 cuando el órgano de gobierno de los jueces aprobó su primer Plan de Igualdad.
Adaptación a la nueva realidad
Siete años después, en enero de 2020, el CGPJ decidió poner en marcha un segundo plan, para evaluar el grado de implementación de las diversas medidas planteadas para garantizar la aplicación del "principio de igualdad entre hombres y mujeres" y la conciliación laboral y familiar, así como para su adaptación a las nuevas normativas y circunstancias. Por ello, en septiembre de 2021, la Comisión de Igualdad de la institución que preside Lesmes, dio a conocer sus principales conclusiones al respecto y propuso la implementación de nuevas 'reglas' de actuación, las cuales ahora se estudian para poder hacerlas realidad. Cabe destacar que esta revisión ha tenido en un momento crucial en el que la actividad diaria de todo el mundo se vio alterada a causa de la pandemia de la covid-19.
Desde la aprobación del primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, el uso de los medios telemáticos e informáticos y el teletrabajo se pusieron a la orden del día. Todo ello hizo más patente la necesidad de poder compaginar la vida laboral con la vida privada como consecuencia de confinamientos, cuarentenas o cuidado de menores y personas dependientes. De hecho, las asociaciones de jueces rechazaron el plan de choque que previó el CGPJ para evitar el colapso de la Justicia tras el parón que provocó los primeros meses de la crisis sanitaria por la dificultad de conciliar. Entre esas medidas se planteaba habilitar el mes de agosto, lo que finalmente acabó ocurriendo, pese al enfado de todos los operadores jurídicos, después de que el Gobierno aprobara un decreto en el que se incluyó la habilitación del 11 al 31 de dicho mes.
Así, con todo este contexto, la Comisión de Igualdad del CGPJ concluyó en su documento que "son las mujeres dentro de la Carrera Judicial las que vienen asumiendo de manera abrumadoramente mayoritaria la carga de atender a las necesidades de cuidado y atención de la familia, y lo hacen, además, acudiendo a una figura que supone su total apartamiento de la vida profesional durante un periodo de entre 1 y 3 años y el cese total en el percibo de retribuciones". Por ello, propone, a lo largo de 20 páginas, numerosas medidas para garantizar "la igualdad efectiva y de oportunidades entre mujeres y hombres".
El cuidado y la atención de la familia supone el total apartamiento de la vida profesional durante un periodo de entre 1 y 3 años y el cese total de retribuciones.
Propuesta de medidas
Entre ellas, destaca la promoción de una reducción de la carga de trabajo exigible de un 3% por cada hijo menor de 12 años o familiar dependiente a cargo, y de un 10% cuando se trate de una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe actividad retribuida, sin que ello suponga una disminución salarial. De este modo, se daría salida a una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de jueces. Junto a ello, también se plantean medidas de flexibilización de horarios de permanencia en sede judicial, garantizando la presencia del juez o jueza en la celebración de actos que así lo requieran y la implantación del teletrabajo.
Entre otras cuestiones, la Comisión de Igualdad exige también "respetar adecuadamente la libertad de residencia"; el cobro íntegro de retribuciones durante los permisos por nacimiento de hijos, lactancia, riesgo durante el embarazo o lactancia natural, en cumplimiento con la doctrina del Tribunal Supremo; o "considerar el valor curricular de la labores de cuidado y atención a la familia y personas dependientes en el establecimiento de los méritos para el acceso a cargos de nombramiento discrecional". Según el documento, esto último contribuiría a superar la brecha de género en el acceso a los cargos de máxima responsabilidad de la judicatura.
Por último, también se tienen en cuenta la necesidad de adaptar los exámenes de ingreso a la Carrera Judicial, así como los planes formativos para nuevas promociones, o programas de especialización a aquellas personas que presenten necesidades de conciliación de la vida personal, familiar y profesional (embarazo, parto, derechos de maternidad y paternidad, etc). En este último caso, se incluiría la flexibilización de licencias por estudio.
Cabe recordar que las cuatro asociaciones de jueces acudieron a la Justicia para conseguir que se establecieran unos módulos de cargas de trabajo adecuados a la complejidad y al "derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar". De este modo, interpusieron una demanda contra el CGPJ, que posteriormente se amplió al Ministerio de Justicia y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia. Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó el pasado mes de febrero dicha pretensión al entender que el órgano de gobierno de los jueces no está obligado a regular los objetivos marcados para cada destino judicial, porque dicha función desbordaría los procedimientos establecidos legalmente para la fijación de objetivos. No obstante, parece que finalmente el CGPJ sí se pondrá a trabajar en ello.
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