El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado un paso más en sus medidas adoptadas ante la crisis por el coronavirus y ha acordado la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio nacional mientras dure el estado de alarma decretado este mismo sábado por el Gobierno que preside Pedro Sánchez para frenar el avance de la pandemia. No obstante, el órgano de gobierno de jueces garantiza los servicios esenciales de la Administración de Justicia.
Así lo ha decidido la Comisión Permanente tras la reunión extraordinaria mantenida este mismo sábado con motivo de las medidas acordadas por el Ejecutivo ante la crisis sanitaria. De este modo, se acuerda aplicar a todo el territorio nacional el escenario que ya estaba vigente desde este viernes en las zonas más afectadas, esto es: en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro (La Rioja) e Igualada (Barcelona), municipio este último donde el Govern de Cataluña decretó el confinamiento.
La primera reunión de la comisión se produjo el pasado miércoles cuando los vocales aprobaron una instrucción que contemplaba dos escenarios: uno general para aplicar en todo el país y otro para los territorios en los que se establecieron medidas "especialmente interesas" en aras a evitar la propagación del Covid-19. De esta forma, en este segundo escenario se dejaba abierta la posibilidad de que los jueces decidieran según su propio criterio, suspender todas las actuaciones procesales previstas siempre previa autorización del tribunal superior de justicia que le corresponda.
Cambio de medidas
Este hecho provocó la rápida reacción de las cuatro asociaciones de magistrados en bloque y de dos asociaciones de fiscales que pidieron medidas globales para todo el territorio nacional y denunciaron que la respuesta dada por el órgano que preside Carlos Lesmes fue "tardía y confusa". Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron que no tenía sentido que la decisión de suspender o no las diligencias señaladas dependiera de cada juez puesto que la Justicia es un servicio global y porque estas medidas afectan no solo a un juzgado sino también a abogados, procuradores, letrados de la administración de Justicia y más miembros de la carrera judicial.
Es por ello que este mismo viernes acordó directamente la suspensión de toda actividad judicial en las partidas sujetas al escenario dos y avanzó la puesta en marcha de un escenario 3 tras conocerse que el Gobierno decretaría el estado de alarma en la reunión urgente del Consejo de Ministros de este sábado. Esta nueva situación contempla suspender toda la actividad de todos los juzgados de España durante el tiempo que esté vigente esta medida (que dura 15 días, aunque prorrogables).
El plan, trazado de común acuerdo con el Ministerio de Justicia y con la Fiscalía General del Estado, garantiza, no obstante, servicios esenciales. Estos son: cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable; internamientos urgentes; adopción de medidas cautelares (como las de protección de menores); servicios de guardia en los juzgados de violencia sobre la mujer; actuaciones con detenidos y causas con preso y cualquier medida urgente en materia de vigilancia penitenciaria, entre otras.
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