El CGPJ impulsa un acuerdo de Estado para agilizar la Administración de Justicia

  • Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja para conseguir un acuerdo de Estado con los grupos parlamentarios que permita que las leyes y las reformas legales imprescindibles para agilizar la Administración de Justicia estén aprobadas, si es posible, antes del próximo verano.

Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja para conseguir un acuerdo de Estado con los grupos parlamentarios que permita que las leyes y las reformas legales imprescindibles para agilizar la Administración de Justicia estén aprobadas, si es posible, antes del próximo verano.

Así lo han anunciado hoy el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, y el vocal presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, en rueda de prensa, acompañados de la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.

"Existe un ambiente claro tanto en los grupos sociales como en los políticos para que se alcance este acuerdo", ha explicado De Rosa, quien ha hecho hincapié en que "la Justicia va a ayudar de una forma evidente a salir de la crisis".

El pleno del CGPJ ha aprobado hoy los informes sobre el anteproyecto de ley para regular el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el anteproyecto de medidas de agilización procesal.

El primer informe ha sido respaldado por unanimidad, mientras que el segundo cuenta con dos voto particulares en contra.

Ambos anteproyectos, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, son, según ha recalcado Bravo, "piezas esenciales en el proceso de modernización de nuestra Justicia".

El primero establece las condiciones necesarias para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales y el segundo incluye un paquete de medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y racionalizar los recursos.

Según ha recordado Bravo, la reforma limita el régimen de recurso en los juicios verbales (hasta 6.000 euros) y afecta al recurso de casación, elevándose la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros.

De Rosa ha asegurado que estas dos leyes y otras, como la relativa a los tribunales colegiados de instancia, "son las tres patas fundamentales para esta reforma estructural que queremos para la Administración de Justicia".

Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez ha destacado que el Consejo ya ha mantenido contactos con diferentes grupos políticos para tratar sobre este acuerdo de Estado.

"Este impulso ha sido acogido muy positivamente por todos ellos", ha asegurado.

El pleno, según Gómez Benítez, también ha acordado una propuesta "para que entre las reformas que hay que abordar urgentemente se incluyan también las más necesarias reformas del proceso penal".

Según ha indicado, el Consejo cree además necesario instar a introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una mejora de la regulación del secreto de las actuaciones judiciales, ya que, según ha dicho, "no parece razonable que se prorrogue durante años y sólo exista obligación de levantarlo 10 días antes de que el juez acabe la instrucción".

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