El CGPJ, pendiente de la apertura de juicio oral a Garzón para suspenderle

Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá sobre la suspensión cautelar de Baltasar Garzón en cuanto el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra el juez por investigar los crímenes del franquismo, Luciano Varela, acuerde la apertura de juicio oral contra éste.

Varela tiene que decidir si abre juicio oral a Garzón o dicta su procesamiento -la elección de una opción o de la otra depende sólo de si tramita la causa por el procedimiento abreviado o como sumario ordinario-, después de que la sala de lo penal del TS le diera el pasado jueves luz verde para que el juez de la Audiencia Nacional se siente en el banquillo acusado de un delito de prevaricación.

Según han informado a EFE fuentes del órgano de gobierno de los jueces, cuando Varela dicte su resolución -lo que no hará previsiblemente hasta después de la Semana Santa-, la comisión permanente del CGPJ podría acordar ya la suspensión de Garzón, aunque el presidente del Consejo, Carlos Dívar, también podría decidir abocar este asunto a pleno, incluso extraordinario.

El magistrado instructor tiene además que pronunciarse sobre las pruebas que ha pedido el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, entre ellas que cite a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad.

Varela aplaza su decisión al respecto hasta que la Sala de lo Penal resolviera su recurso contra el auto en el que desestimó la petición del querellado de que se archivara la causa.

Entre los testigos solicitados por Garzón figuran la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El juez de la Audiencia Nacional pidió además que declararan tres de los magistrados de este tribunal -José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel- que defendieron jurídicamente su competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

Por su parte, la Fiscalía, que se opone a la suspensión de Garzón, ha pedido al Supremo que se proceda únicamente a la admisión de la declaración de los citados magistrados de la Audiencia Nacional, mientras que los querellantes -el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS- se han opuesto.

Fuentes del Alto Tribunal recordaron que la decisión de Varela sobre dichas pruebas es recurrible ante la sala de lo penal, lo que podría retrasar algunas semanas la apertura de juicio oral contra él.

De cualquier manera, Garzón se encuentra con un pie en el banquillo, ya que en el auto notificado el pasado jueves la sala de lo penal del TS afirma que "ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación".

Garzón tiene además que declarar como imputado el próximo 15 de abril en el Supremo en relación con otra de las querellas que se tramita contra él, la que dos letrados interpusieron por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.

En el Alto Tribunal hay una tercera causa abierta contra el juez, ésta última por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados, a raíz de una querella del letrado de uno de ellos, Ignacio Peláez.

Aunque el Supremo aún debe resolver el recurso de Garzón contra la admisión a trámite de la querella, la decisión tomada esta semana por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de declarar "ilícitas" las escuchas por considerar que vulneraron el derecho de defensa anticipa que, previsiblemente, el caso seguirá adelante.